Alegría pide saber cuánta agua y cuánta energía necesitará la economía "extractiva" de los centros de datos

La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha señalado que las iniciativas recientes para instalar centros de datos en la comunidad suscitan interrogantes no solo sobre su impacto ambiental sino también sobre el destino de sus beneficios económicos. Según publicó Europa Press, Alegría planteó la introducción de un "impuesto solidario" destinado a que los réditos generados por estos proyectos tecnológicos reviertan en mejoras tangibles de los servicios públicos locales y no se limiten únicamente al sector privado o a las empresas inversoras.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Alegría solicitó transparencia respecto al consumo de recursos como el agua y la electricidad por parte de las empresas tecnológicas. En su análisis, calificó a estos centros de datos como negocios de tipo "extractivo" y subrayó la importancia de disponer de datos reales sobre la magnitud de las demandas energéticas e hídricas que acarrearán sobre la comunidad. Además, insistió en la necesidad de que las inversiones extranjeras sean compatibles con la conservación del entorno natural y se priorice el bienestar de la población local.

La candidata detalló que el anuncio reiterado de grandes inversiones suele generar expectativas entre la ciudadanía, aunque recalcó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que en el caso específico de la industria tecnológica existen numerosas incógnitas. Entre ellas, mencionó, además del considerable consumo de recursos, la creación de empleo. Alegría cuestionó si las oportunidades laborales asociadas a estos nuevos centros estarán dirigidas a los jóvenes que estudian en institutos de Formación Profesional o en facultades de Ingeniería de Aragón, o si serán cubiertas por personal desplazado desde lugares lejanos, fuera de la comunidad autónoma.

Según subrayó Europa Press, Alegría manifestó que diversos países han decretado moratorias para la instalación de centros de datos, amparándose en el "excesivo consumo energético" que provocan y en las consecuencias económicas para la ciudadanía, ya que la subida del precio de la electricidad termina afectando directamente a los usuarios particulares. En este contexto, abogó por la creación de figuras fiscales que sirvan para redistribuir los beneficios y mejorar prestaciones públicas, como la sanidad y la educación.

Tal como reportó el medio, en el arranque de la precampaña electoral, Alegría profundizó en la defensa de los servicios públicos, responsabilizando al gobierno autonómico presidido por el Partido Popular de ejecutar recortes severos mientras incrementa la participación de empresas privadas en áreas esenciales. Alegría defendió que los fondos públicos deben destinarse de forma prioritaria a fortalecer los recursos asistenciales y educativos, en oposición a lo que denominó "modelo privatizador" impulsado por el ejecutivo actual, que, señaló, ha gestionado el "mayor presupuesto de la historia" con menos resultados tangibles.

Entre sus primeras acciones en caso de asumir la presidencia, anunció la puesta en marcha de un plan para acortar los tiempos de espera sanitaria, con el propósito de que ningún paciente aguarde más de tres días para consultar a su médico de cabecera. Alegría señaló que existen zonas donde la demora actual puede alcanzar entre quince y veinte días. Propuso también establecer transporte sanitario gratuito, tanto en taxi como en autobús, para que las personas mayores de áreas rurales accedan a las consultas sin depender de familiares o vecinos. Remarcó que la sanidad pública debe volver a desempeñar un papel preponderante, criticando la externalización de servicios como Ginecología, Urología o Anestesia en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde médicos del sector privado perciben emolumentos muy superiores respecto a sus colegas del sistema público.

En materia educativa, Europa Press recogió declaraciones de Alegría comprometidas a revertir la concertación del Bachillerato en Aragón, recordando que esta transferencia de fondos públicos a centros privados se realiza cuando existen aún más de 2.500 plazas sin cubrir en institutos públicos de la región. Explicó que con su llegada al gobierno, la concertación no continuará ni un solo día más.

Otro de los ejes principales de su programa electoral se dirige a la política de vivienda. Tomando como referencia los datos del último barómetro del CIS, Alegría indicó que la principal inquietud de la ciudadanía aragonesa es el acceso a un hogar asequible. En este sentido, señaló, el plan de vivienda pública y de alquiler accesible será una de las primeras acciones a implementar, con especial atención a las generaciones más jóvenes. Aseguró que se aplicará de forma decidida la ley estatal del sector, la cual ha demostrado capacidad para frenar y reducir los precios donde se ha adoptado, poniendo como ejemplos a Barcelona y La Coruña, donde los alquileres se han abaratado más de un 5%. Detalló que siete de cada diez habitantes de Aragón viven en zonas que podrían declararse "áreas tensionadas" y que la aplicación de la normativa nacional permitiría disminuir los alquileres. A esto añadió que su propuesta pasa por impulsar la vivienda pública de alquiler a un precio máximo de 500 euros y por blindar el parque público frente a cualquier proceso de especulación, enfatizando que nunca podrá transformarse en vivienda objeto de negocio privado.

Durante la campaña, Alegría manifestó su deseo de mantener un tono propositivo y evitar descalificaciones personales, apelando a una "campaña limpia" que no ha contado con la adhesión de sus rivales. Ella caracterizó su proyecto político bajo la llamada "fórmula 3, 2, 1": dedicar tres días a recorrer el territorio y escuchar a los ciudadanos, dos días concentrada en Zaragoza ocupándose de la gestión institucional y un día abriendo Aragón al resto de España, Europa y el mundo.

Además, subrayó su intención de construir una gobernanza basada en la cooperación estrecha con los alcaldes de toda la región, implementando una dinámica de trabajo coordinado. En los últimos meses, Alegría relató a Europa Press que ha recorrido más de 4.000 kilómetros por el territorio desde su salida del Ministerio de Educación, implicándose en la realidad de localidades como La Hoz de la Vieja, afectada por la falta de médicos, o Pinseque, donde familias esperan más de dos años por nuevas aulas para la ESO. También relató anécdotas personales vinculadas a su campaña, como sus visitas a pequeños comercios o a espacios culturales de diversas localidades, mostrando su compromiso con la vida cotidiana de los aragoneses.

Alegría concluyó que su agenda prioriza resolver los problemas concretos y cotidianos de la ciudadanía, apuntando a recuperar el volumen de inversión en derechos sociales, sanidad, educación y vivienda, aspectos que considera esenciales para la calidad de vida en Aragón.