
Los presidentes autonómicos y regionales del Partido Popular, incluidos los líderes de Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha, junto con los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el vicepresidente de Canarias, firmaron una declaración conjunta en Zaragoza en la que solicitan la revocación del acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Según reportó el medio que proporcionó el texto, los representantes regionales del PP criticaron que el modelo pactado introduce concesiones bilaterales que, a su entender, cuestionan los principios de equidad entre las comunidades.
El acta, denominada "Declaración de Zaragoza", fue rubricada por los presidentes de las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como por los representantes populares de otras regiones y ciudades autónomas. Según detalló la fuente, este documento expresa el malestar del partido con el modelo de negociación bilateral que, según ellos, prioriza intereses particulares sobre la colectividad nacional. En la declaración, los firmantes subrayaron que "basta ya de enfrentar a los españoles" y pidieron "el fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista". Además, reiteraron el compromiso de trabajar por un sistema de financiación “justo, transparente y pensado para todos los españoles”.
Al cierre del acto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió directamente al Gobierno, reclamando la retirada del sistema de financiación pactado con Junqueras y la apertura de un proceso de negociación en marcos comunes y foros multilaterales. Según publicó la fuente, Feijóo sostuvo que el Gobierno está intentando alentar el "enfrentamiento" y la "división" dentro de las filas populares y afirmó: "ni nos han dividido ni nos dividirán". El líder del PP manifestó su disposición de impulsar una reforma financiera que contemple las necesidades de toda la ciudadanía, rechazando cualquier iniciativa que fomente diferencias entre autonomías.
En el documento consensuado, los firmantes señalaron que “España es un proyecto común” y garantizaron su defensa del país como algo que trasciende la suma de entidades territoriales. Rechazaron la idea de reuniones bilaterales para abordar la financiación, como las anunciadas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con cada comunidad autónoma para tratar aspectos técnicos del nuevo modelo. La fuente mencionó que desde el PP se califica como error la vía de la bilateralidad, por entender que rompe la solidaridad y puede derivar en una España "de primera y de segunda".
La declaración también reconoció la necesidad de tener en cuenta diferentes criterios a la hora de diseñar un nuevo modelo de financiación, como la demografía, el aumento poblacional, la dispersión, el envejecimiento poblacional, la orografía, el fenómeno de la despoblación, la baja densidad de población, el desempleo, el coste de la vida, la insularidad, la extensión del territorio y los gastos fijos derivados de las obligaciones impuestas por el Gobierno central. Pese a ello, los dirigentes populares se opusieron a lo que consideran modificaciones "a la carta" o decisiones individuales que generen trato desigual entre los ciudadanos de unas u otras comunidades.
El Partido Popular invitó a los presidentes autonómicos de otras formaciones políticas a sumarse a su posición y formar un frente de unidad frente a lo que consideran un riesgo para la igualdad. Según consignó la fuente, esta llamada tiene por objetivo prevenir una ruptura en la cohesión del sistema autonómico y evitar la aparición de diferencias de trato en la financiación según el territorio. El texto firmado hace hincapié en que cuando la igualdad se encuentra en entredicho, "las medias tintas no son una opción", reafirmando la voluntad del PP de oponerse a lo que califica como chantaje y defendiendo que toda negociación sobre la financiación debe acordarse de forma general y no segmentada.
Los presidentes autonómicos del PP reiteraron su desacuerdo con la gestión gubernamental del modelo financiero y argumentaron que el “verdadero problema nace de una lamentable realidad: España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo”. De acuerdo con los populares, Sánchez estaría dispuesto a “vender la solidaridad entre españoles”, a “asfixiarles fiscalmente” y a “descapitalizar el Estado”. Estas acusaciones formaron parte del argumentario expuesto públicamente durante el acto y reflejan las diferencias existentes entre Ejecutivo y oposición respecto al modo en que debe reformarse el modelo de reparto de recursos entre comunidades autónomas.
El mensaje transmitido desde Zaragoza busca posicionar al PP como defensor de un modelo de financiación de base consensuada, con normas iguales para todos los territorios y capaz de abarcar la pluralidad de realidades existentes en España. Los líderes populares manifestaron que el sistema no debe derivar en privilegios ni distinciones entre ciudadanos en función de su comunidad de residencia. La declaración firmada representa un intento de movilizar a los representantes autonómicos de otros partidos para acordar una postura común con el fin de evitar la materialización del acuerdo bilateral, que el Gobierno prevé impulsar junto a las fuerzas independentistas catalanas, según detalló la fuente.
Durante la jornada en Zaragoza, la dirección nacional del PP y sus barones reforzaron el mensaje de unidad interna ante las iniciativas del Gobierno que, a su juicio, fomentan la división y el trato exclusivo entre comunidades. La declaración, ampliamente suscrita por cargos autonómicos y regionales del partido en distintas partes de España, marca un hito en la estrategia de confrontación política de la formación ante los intentos de Sánchez y su Ejecutivo de avanzar en la reforma del sistema de financiación con enfoques particulares, informaron fuentes recogidas en el texto.

