UCO pide al juez del caso Koldo investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar

La investigación solicitada por la Guardia Civil en el marco del ‘caso Koldo’ pone el foco en la transferencia de 367.290,43 euros realizada desde la empresa Servinabar hacia la cooperativa Erkolan entre junio de 2020 y mayo de 2025, período que coincide con la contratación como administrativa de Belén Cerdán, hermana del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Esta información surge del oficio remitido al juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los agentes piden autorización para ampliar las pesquisas económicas a distintos actores vinculados a la supuesta trama de corrupción investigada.

Según reportó Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó que el magistrado Puente dirija requerimientos a las entidades bancarias donde operaban tres exdirectivos de Acciona: Manuel José García Alconchel, exresponsable de la zona sur de Acciona Construcción España; Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Construcción para España; y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte. La petición pretende recopilar toda la información disponible sobre eventuales movimientos sospechosos de blanqueo de capitales notificados por esas entidades al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Los investigadores reclaman también el historial de operaciones realizadas en esas cuentas desde el año 2014 hasta la fecha en que se reciba el auto judicial correspondiente.

El medio Europa Press consignó que la imputación de estos exdirectivos se produjo después de que la UCO presentara informes sobre presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos de obra pública a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Acciona y Servinabar. Servinabar es señalada por los investigadores como eje central de la presunta trama que involucra a Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García.

Respecto a la empresa Erkolan, el oficio de la UCO detalla que la transferencia de fondos enviados por Servinabar se produjo en paralelo a la relación laboral de Belén Cerdán con la sociedad. Servinabar contrató a Belén Cerdán desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020 con un salario mensual de 2.000 euros netos. Según añade Europa Press, luego de ese período, la hermana del ex dirigente socialista continuó vinculada a la firma realizando labores en la asesoría responsable de las cuentas de la empresa, recibiendo el mismo salario mensual y desarrollando funciones similares. Esta información proviene de fuentes citadas del entorno de la defensa de Cerdán.

El caso Koldo, de acuerdo con Europa Press, se centra en el análisis de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y el movimiento de fondos asociados a empresas relacionadas con ex altos cargos políticos y ejecutivos del sector de la construcción. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, analizará la petición de la UCO y podría emitir órdenes dirigidas a los bancos para que aporten la documentación requerida sobre las cuentas de los implicados y las transacciones señaladas.

El oficio recogido por Europa Press enfatiza la necesidad de que SEPBLAC entregue todas las alertas y comunicaciones relacionadas con posibles infracciones de la normativa sobre blanqueo, que pudieran haber implicado las cuentas de los exdirectivos de Acciona. La investigación busca determinar si los fondos transferidos o los movimientos en esas cuentas pueden vincularse a operaciones irregulares o ilícitas dentro de la supuesta trama.

No solo la actividad de los exresponsables de Acciona se encuentra bajo escrutinio. Los movimientos financieros entre Servinabar y Erkolan revisten especial relevancia, ya que ambas entidades aparecen en las pesquisas centradas en el contrato de Belén Cerdán. Europa Press publicó que la vinculación personal y temporal entre la contratación y las transferencias de dinero es uno de los elementos analizados por la Guardia Civil, que trata de esclarecer si la relación contractual encubre otras operaciones de carácter irregular.

El desarrollo de esta investigación dependerá de la decisión del magistrado Puente, quien podría requerir informe detallado de los bancos sobre la titularidad, movimientos y posibles anomalías asociadas a las cuentas investigadas a fin de delimitar el alcance de los posibles delitos analizados en el marco del ‘caso Koldo’.