El TJUE avala los 1.280 millones en ayudas públicas a Correos por una década de servicio universal

El conflicto jurídico derivado del reparto de los 1.280 millones de euros concedidos a Correos en concepto de “obligación de servicio universal” concluyó en la instancia más alta del ordenamiento judicial comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió rechazar los recursos de casación que interpuso el sector logístico, representado por las patronales UNO y Asempre, que pretendían detener el respaldo económico autorizado a Correos por las autoridades de Bruselas. Según informó el medio original, el TJUE consideró que estas asociaciones carecían de legitimidad activa para impugnar la decisión de la Comisión Europea debido a que no demostraron que sus empresas asociadas hubieran sido directamente afectadas por el plan de ayudas.

De acuerdo con lo publicado, el origen del litigio se sitúa en mayo de 2020, cuando la Comisión Europea dio luz verde al paquete de 1.280 millones de euros que el Gobierno español transfirió a Correos entre los años 2011 y 2020. Esta suma tenía como fin compensar la prestación de servicios esenciales como parte del servicio postal universal en el país. La Comisión concluyó que esas ayudas resultaban compatibles con la normativa europea sobre ayudas de Estado, aun cuando el Ejecutivo español notificó el plan a Bruselas fuera de plazo. En ese momento, España ya había desembolsado 1.219 millones de euros, y tan solo restaba transferir 61 millones adicionales.

Tal como detalló la fuente, UNO y Asempre presentaron recursos con el objetivo de revertir la decisión de la Comisión, alegando que dicha medida les perjudicaba al beneficiar de manera injustificada a Correos en detrimento de sus asociados y al mercado logístico en general. No obstante, en la sentencia de este jueves, el TJUE consideró que ninguna de las dos patronales estaba individualmente afectada de manera suficiente por la medida para que su recurso resultase admisible. Según subraya el tribunal, “las empresas que forman parte de ambas asociaciones tendrían que haber resultado individualmente afectadas”, y esto no quedó acreditado.

La decisión también recoge que el Tribunal General de la UE, encargado de la primera valoración judicial en este caso, actuó conforme a derecho. La sentencia confirma el análisis realizado en primera instancia en noviembre de 2023 y sostiene que la inadmisibilidad de los recursos no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las patronales, según recoge el fallo consignado por la fuente. El tribunal también desestimó los argumentos relativos al supuesto exceso de tiempo en la tramitación del procedimiento ante el Tribunal General y a una supuesta imposición de pruebas excesivas sobre los recurrentes.

El medio añadió que las autoridades españolas notificaron la medida en enero de 2020, cuando la inmensa mayoría de los recursos económicos ya se habían entregado a Correos. Estos fondos correspondían a la compensación por la prestación del servicio postal universal, una función considerada esencial y regulada por directivas comunitarias. Las ayudas buscaban garantizar el acceso a servicios postales básicos en todo el territorio nacional en condiciones de precio y calidad predefinidos.

Según reportó el medio, la resolución del TJUE se alinea con la posición que ya había mantenido la Comisión desde el inicio del caso, ratificando tanto la compatibilidad legal de la ayuda como el proceso de supervisión realizado. El fallo específico indica que la justicia europea considera que Asempre y UNO carecían de legitimación suficiente dado que, para fundamentar la acción, las empresas asociadas tendrían que haber demostrado un perjuicio individual, lo cual no sucedió.

De acuerdo con lo explicado previamente, el rechazo de los recursos de casación refuerza la decisión adoptada por la Comisión Europea y otorga una mayor seguridad jurídica a las ayudas estatales vinculadas al servicio postal universal operado en España. La sentencia confirma así tanto el análisis material realizado por la Comisión sobre la compatibilidad de las ayudas como el procedimiento seguido por las autoridades españolas y europeas.

Finalmente, los argumentos expuestos por las patronales, que incluían alegaciones por la supuesta vulneración de derechos procesales, plazos judiciales y cargas probatorias, no resultaron convincentes para el Alto Tribunal europeo. Conforme concluye la resolución difundida, la justicia europea cierra el proceso confirmando la validez y la legalidad del apoyo económico brindado a Correos para la prestación del servicio público postal.