El Supremo revisa este jueves si Ábalos y Koldo siguen en prisión mientras esperan el juicio de las mascarillas

Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han solicitado 30 años de prisión tanto para el exministro José Luis Ábalos como para su antiguo asesor Koldo García. Estas peticiones surgen mientras el Tribunal Supremo analiza si ambos procesados continuarán en prisión preventiva a la espera de juicio por la compra de mascarillas, un caso en el que se investigan supuestas irregularidades y un riesgo catalogado como “extremo” de fuga, según informó Europa Press. La revisión de los recursos de Ábalos y García tiene lugar este jueves, cuando la Sala de lo Penal celebra dos vistas consecutivas a partir de las 10:30 horas.

De acuerdo con Europa Press, tanto Ábalos como García recurrieron la orden de prisión dictada el pasado 27 de noviembre por el magistrado instructor Leopoldo Puente, quien decidió su encarcelamiento provisional sin posibilidad de fianza. La defensa de Ábalos sostiene que esta medida se fundamenta en argumentos vagos y procesales, y apunta a un uso “irrazonable del derecho” por parte del magistrado. El recurso de Ábalos, consultado por Europa Press, afirma que la decisión de enviarlo a prisión se basa en suposiciones sobre el riesgo de fuga y que las razones dadas no cumplen con los criterios de realidad, visibilidad y reconocimiento exigidos por la ley.

Según publicó Europa Press, la vista judicial convocada por el Supremo para analizar estos recursos se realizará con representación tanto de su anterior abogado, Carlos Bautista, quien dejó la defensa del exministro por desacuerdos contractuales, como de su nuevo letrado, Marino Turiel. La presencia de Bautista en la audiencia responde a una exigencia del magistrado instructor, salvo que se solicitara formalmente levantar esa obligación.

En su recurso, la defensa de Ábalos sostiene que la prisión provisional tendría como único objetivo impulsar una declaración colaborativa similar a la que realizó Víctor de Aldama, empresario procesado en la misma causa, tras pasar por prisión, de acuerdo con el texto al que accedió Europa Press. El abogado recalca que Ábalos mantiene arraigo familiar y social, dado su domicilio conocido y la responsabilidad de un hijo menor bajo su cuidado los fines de semana. Añade que la privación de libertad de carácter cautelar debe observar el principio de excepcionalidad y, en este caso, no se han valorado opciones alternativas menos restrictivas, lo que vulneraría el artículo 17 de la Constitución española, según argumenta la defensa del exministro.

Por otro lado, Koldo García también solicita al Supremo la revocación de su ingreso en prisión y plantea la alternativa de una fianza, defendiendo que su situación patrimonial está justificada por sus ingresos legales. Según expone Europa Press, García considera que el auto judicial asume argumentos de la acusación sin verificar la consistencia de las pruebas ni la justificación del peligro de fuga. En su defensa, subraya que la fase de investigación ya recabó todas las pruebas pertinentes y descarta cualquier riesgo de reincidencia, al estar vinculado el caso a un periodo y función específicos que ya no desempeña.

García aporta que una cantidad de dinero de 127.000 euros, en los años bajo investigación, tiene origen legal y corresponde a fondos del PSOE, como corroboraron dos testigos independientes, según menciona Europa Press. Añade que la mención a una supuesta entrega mensual de 10.000 euros por parte del empresario Aldama carece de respaldo patrimonial y solo se sostiene en la declaración de este último. En cuanto a la acusación de incrementos patrimoniales injustificados, la defensa de García detalla que tanto él como su expareja, Patricia Uriz, investigada por la Audiencia Nacional, solo deben acreditar la procedencia legítima de 98.421 euros, por tratarse del único capital propiamente suyo, estando el resto relacionado con deudas contraídas bajo cauces legales.

El medio Europa Press destaca que la defensa de García también menciona su arraigo en España, refiriéndose a la convivencia con su hija menor de cinco años y la atención que dedica a su madre de 86 años, con dependencia total para las tareas diarias. Este aspecto, según el argumento, actuaría como un factor en contra de la posibilidad de evasión.

Sobre las penas solicitadas en el caso, la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Por su parte, la acusación popular reclama los 30 años de reclusión para los dos primeros y la misma pena que el Ministerio Público para el empresario.

Europa Press detalla que el juicio por estas supuestas irregularidades referentes a la adquisición de mascarillas todavía no tiene fecha concreta, aunque se prevé que podría celebrarse en los próximos meses. Mientras tanto, el Supremo deberá decidir si se mantienen las medidas de prisión preventiva para Ábalos y García, que actualmente se encuentran privados de libertad tras ser acusados de intento de fuga. El análisis de los recursos se centra en la necesidad de conciliar las garantías constitucionales de los investigados con la protección del proceso judicial, a la espera de la próxima resolución.