El periodo en el que Erkolan, una sociedad cooperativa, habría recibido transferencias por más de 367.000 euros provenientes de Servinabar coincide con la contratación de Belén Cerdán, hermana del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la propia Servinabar. Según consignó Europa Press, este dato figura en la autorización que el magistrado Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, firmó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ampliar la investigación sobre movimientos financieros y posibles transferencias irregulares vinculados a la trama investigada.
El medio Europa Press detalló que el juez aceptó que se proceda a analizar tanto los movimientos bancarios de la sociedad cooperativa Erkolan como de las cuentas titulares de tres exdirectivos de Acciona, concretamente Manuel José García Alconchel, Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, quienes ocuparon cargos directivos en las zonas sur, España, y norte de la empresa Acciona Constructora, respectivamente. Esta diligencia fue solicitada por la UCO a través de un oficio en el que los agentes reclamaban la recopilación de cualquier dato sospechoso de blanqueo de capitales que hubiera llegado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), así como todos los movimientos bancarios registrados desde 2014 hasta el momento de la orden judicial.
De acuerdo con Europa Press, la investigación se centra en los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública que habrían implicado a la Unión Temporal de Empresas formada por Acciona y Servinabar. Servinabar, según la información del medio, se encuentra señalada como el núcleo de la trama investigada y aparece relacionada con Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, exasesor ministerial, como parte de una presunta red de adjudicaciones fraudulentas.
Respecto al flujo de dinero dirigido a Erkolan, los agentes precisaron que Servinabar realizó transferencias por un total de 367.290,43 euros en el intervalo comprendido entre junio de 2020 y mayo de 2025. Los movimientos de dinero entre ambas firmas coinciden, según explicó la UCO, con el periodo en el que Belén Cerdán fue contratada por Servinabar. En ese sentido, fuentes jurídicas citadas por Europa Press indicaron que Belén Cerdán trabajó en la empresa desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, percibiendo una remuneración mensual neta de 2.000 euros. Posteriormente, habría pasado a desempeñar tareas similares en la asesoría encargada de las cuentas de Servinabar, manteniendo el mismo salario.
En lo relativo a los tres exdirectivos de Acciona, el juez Leopoldo Puente avaló su imputación basándose en los últimos informes emitidos por la UCO sobre la actuación de la Unión Temporal de Empresas Acciona-Servinabar. Según Europa Press, los mencionados informes detallan adjudicaciones de obras públicas que están bajo sospecha de manipulación concertada, lo que ha derivado en el seguimiento de los movimientos financieros de quienes ostentaron responsabilidades ejecutivas en Acciona durante el periodo investigado.
Europa Press subrayó que la resolución judicial contempla emitir mandamientos a las entidades financieras donde los exdirectivos investigados tienen cuentas, con el fin de recoger todos los datos de sus operaciones económicas durante los últimos diez años. Además, se solicitó que el SEPBLAC aporte cualquier información relevante sobre actividades sospechosas de blanqueo de capitales en las que hubieran estado involucradas las personas investigadas.
Por otra parte, el magistrado también decidió suspender, hasta nuevo aviso, las actuaciones inspectoras en curso sobre Acciona relacionadas con la revisión del cumplimiento de servicios prestados por parte de Servinabar y de las uniones temporales de empresas investigadas. Según el reporte de Europa Press, esta decisión afecta únicamente a los procedimientos administrativos abiertos para analizar la naturaleza de los servicios contratados por Acciona en colaboración con Servinabar.
El caso tiene su origen en la supuesta existencia de una red que habría manipulado la adjudicación de obra pública a través de relaciones entre exdirectivos empresariales y responsables de empresas relacionadas con Servinabar, cuyos vínculos personales y profesionales se siguen esclareciendo en el marco del sumario. El avance de la causa depende ahora de los resultados que aporte la investigación de los movimientos financieros y las posibles conexiones entre los investigados, así como de la información que puedan proporcionar las entidades bancarias y el SEPBLAC, según las fuentes consultadas por Europa Press.
