El proceso judicial contra el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte aborda acusaciones de cohecho vinculadas a supuestos pagos en efectivo, obsequios y promesas para asegurar contratos públicos y favores en el sector de energía renovable en Canarias. De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía ha detallado que Bautista ofreció al menos 20.000 euros a Espinosa y Navarro en un esquema que buscaba la adjudicación de contratos relacionados con la instalación de placas fotovoltaicas en el archipiélago.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dio inicio el 22 de enero al primer juicio de las tres piezas que conforman el conocido como ‘caso Mediador’. Según la información recogida por Europa Press, el proceso se centrará en las supuestas actividades ilícitas que involucraron el pago de comisiones y regalos a funcionarios y personas con influencia en el entorno administrativo y político de las islas, con el objetivo de asegurar ventajas empresariales. El tribunal de jurado, que dirige el proceso, dedicó la primera jornada a las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas, con previsión de que las sesiones se extiendan durante cuatro días.
Según el escrito de la Fiscalía citado por Europa Press, Antonio Bautista contactó con Marco Antonio Navarro Tacoronte por los aparentes vínculos que este mantenía tanto con el sector empresarial como con el ámbito público canario. Navarro Tacoronte se presentaba como una persona “integrada” en el Gobierno regional, a pesar de que, según el Ministerio Público, carecía de representación o responsabilidad en el Ejecutivo. No obstante, ofrecía a empresarios interesados la posibilidad de acceder a contratos con entidades de peso y la obtención de subvenciones para favorecer a empresas como la de Bautista. A cambio de dichas gestiones, Navarro Tacoronte exigía comisiones, dádivas o regalos, logrando así organizar encuentros con figuras influyentes del ámbito político y económico.
El papel del general Francisco Espinosa resultó relevante según Europa Press, pues, durante cuatro años como una de las máximas autoridades de la Guardia Civil en Canarias, habría actuado en coordinación con Navarro Tacoronte. Con el objetivo de reforzar la credibilidad de la trama ante empresarios como Bautista, se celebraron reuniones en la Península, muchas veces en restaurantes en los que el empresario costeaba todos los gastos, lo cual, según la acusación, contribuía a generar una imagen de seriedad y poder. Además de los pagos en efectivo, Bautista realizó regalos como cajas de puros valoradas en cerca de 250 euros, así como la organización de viajes, tanto para el general como para el intermediario.
El incremento de las exigencias por parte de Espinosa y Navarro también incluyó la demanda de que ciertas personas fuesen incorporadas a la plantilla de Bautista. Un ejemplo detallado en la acusación refiere que la novia del general ingresó a la empresa con un sueldo mensual de 3.000 euros. El propio general habría recibido la promesa de contratación una vez que accediera a la jubilación, reflejando el nivel de involucramiento señalado por la Fiscalía y reportado por Europa Press.
De acuerdo con la misma fuente, para fortalecer la estrategia y atraer a más empresarios a la red, algunos encuentros tuvieron lugar en instalaciones oficiales relevantes, como la dirección general de la Guardia Civil en Madrid y el Congreso de los Diputados. En este último espacio, los implicados contaron con la recepción del exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, quien se encuentra investigado en otras piezas del ‘caso Mediador’. Europa Press consignó que Bautista sufragó viajes a Canarias tanto para Espinosa como para una acompañante, cubriendo el alojamiento hotelero, el alquiler de vehículos y aportando sumas adicionales en metálico.
La acusación fiscal también se centra en las propuestas comerciales realizadas por Bautista. Presentó hasta cuatro proyectos relacionados con la instalación de placas fotovoltaicas dirigidos a empresarios ganaderos de Fuerteventura. Ninguna de las ofertas prosperó, de modo que los supuestos beneficios comerciales para la empresa no se materializaron.
La Fiscalía solicita para Espinosa, Bautista y Navarro una pena de un año por el presunto delito de cohecho, tal como informó Europa Press. El juicio examina la supuesta operativa en la que se combinaban influencias personales, favores a entidades públicas y privadas y la obtención de beneficios económicos mediante pagos, regalos y promesas de recompensa laboral.
La investigación judicial se enmarca en una de las tres ramas del ‘caso Mediador’, que involucra a diferentes actores relacionados con contratos públicos y actividades económicas en las islas. El proceso judicial propone revelar el alcance de estas prácticas irregulares y determinar responsabilidades individuales tras evaluar la prueba propuesta tanto por la Fiscalía como por las partes acusadas, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.
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