El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó que los recursos recaudados por la Comunidad de Madrid provenientes de las primas abonadas por aseguradoras, entre los años 2019 y 2023, deberán destinarse de forma exclusiva a inversiones destinadas al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. Tal como publicó Europa Press, esta decisión implica que el uso de estos fondos para cubrir gastos operativos o corrientes dentro del propio servicio no será permitido.
La resolución surge tras la denuncia presentada por varios bomberos ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Según informó Europa Press, los demandantes cuestionaron el destino que la Administración había dado a cerca de 40 millones de euros transferidos por las aseguradoras (UNESPA), utilizados hasta ahora en parte para financiar gastos ordinarios del servicio. La sentencia del TSJM reconoce que estas cantidades, ingresadas a través de la contribución especial gestionada por la Dirección de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, deben estar orientadas exclusivamente a la adquisición de equipamientos, vehículos, infraestructuras y mejoras relacionadas directamente con el funcionamiento técnico del sistema de emergencias.
De acuerdo con el fallo al que accedió Europa Press, la Sala consideró que la contribución especial recogida en los artículos 30 y siguientes del DSPEIS no puede emplearse para los gastos corrientes. Esta restricción incluye también la prohibición de transferir dichos fondos a otros servicios fuera del ámbito específico de prevención y extinción de incendios. La sentencia anula así la resolución anterior del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, emitida el 18 de marzo de 2024, que había desestimado la petición de los bomberos para aplicar íntegramente estas partidas a inversiones reales.
Según publicó Europa Press, el fallo impone a la Comunidad de Madrid la obligación de redirigir a inversiones todas las sumas no destinadas a tal fin durante los ejercicios desde 2019 hasta 2023, lo que en la práctica supone una rectificación significativa respecto al uso efectuado en los últimos años.
En el texto judicial, la Sala destaca que el carácter de las contribuciones especiales responde precisamente a la finalidad de dotar a los servicios públicos de los medios necesarios para su implantación, ampliación o modernización, y no para sufragar su funcionamiento rutinario. Entre los conceptos en los que sí se permite aplicar estos fondos figuran la compra de material especializado, adquisición de vehículos y equipos de protección, así como la construcción o mejora de infraestructuras de emergencia.
Europa Press consignó también que el tribunal atribuyó legitimidad a los bomberos para presentar el recurso, fundamentando esta postura en la relevancia que tiene para ellos el incremento de las inversiones en el servicio, tanto para su seguridad profesional como para la eficacia en la atención de emergencias. Según el tribunal, una mejor dotación material trasciende al propio colectivo y repercute directamente en la calidad del sistema de emergencias de la Comunidad de Madrid.
La sentencia sienta así un precedente claro respecto a la correcta utilización de las contribuciones especiales derivadas del sector asegurador, estableciendo que estos fondos no podrán usarse en el futuro para atender gastos diarios, sino que deberán quedar vinculados a proyectos de modernización y fortalecimiento material del servicio de bomberos. De acuerdo con el detalle de Europa Press, esta directriz busca preservar tanto la mejora continua de los servicios de emergencia como la seguridad y eficacia de sus integrantes.
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