El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los bomberos de la Comunidad de Madrid en su denuncia contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por desviar unos 40 millones de euros procedentes de las primas que ha recibido de las aseguradoras (UNESPA) entre los años 2019 y 2023.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala estima el recurso interpuesto por varios bomberos contra la resolución del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de 18 de marzo de 2024.
Los denunciantes impugnaron que estos fondos se estaban utilizando para gastos corrientes u ordinarios, algo que, según el tribunal, no está permitido.
La citada resolución denegó la solicitud dirigida a que se destine única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales todo el importe recaudado mediante la contribución especial del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid prevista en la Dirección de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.
De este modo, se anula la misma y se declara la obligación de la Comunidad a destinar exclusivamente a inversiones reales en su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos la totalidad de ingresos que esa Administración obtiene mediante la contribución especial prevista en los artículos 30 y ss. DSPEIS, sin que quepa destinarlos a gastos corrientes u ordinarios del servicio, ni tampoco a otros servicios.
Asimismo, se obliga a la Comunidad de Madrid de destinar a inversiones reales en su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios las cantidades no aplicadas a tal finalidad en los ejercicios 2019 a 2023, ambos inclusive, de las recaudadas en ese período en concepto de contribución especial por el establecimiento, mejora o ampliación de dicho servicio.
La Sala recuerda que las contribuciones especiales no están pensadas para financiar el funcionamiento diario de los servicios públicos, sino para su establecimiento, ampliación o mejora, como la compra de material, vehículos, infraestructuras o equipos de seguridad.
Además, el tribunal reconoce la legitimación de los bomberos para recurrir, al considerar que una mayor inversión en el servicio repercute directamente en su seguridad laboral y en la eficacia del sistema de emergencias
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