Asuntos Internos afirma que "no localizaron pagos" a Villarejo por la "posible contratación" para hostigar a Pinto

Una de las anotaciones halladas entre la documentación manuscrita incautada durante los registros realizados en los domicilios de Rafael Redondo y José Manuel Villarejo hizo referencia a una “entrega 10 a cuenta”, con una fecha coincidente poco después del primer encuentro entre Javier López Madrid y el entonces comisario jubilado. Según detalló Europa Press, Gonzalo Fraga, inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía, señaló ante la Audiencia Nacional que a pesar de la existencia de esas notas, no se pudo establecer la realización de un pago en esas fechas. En su declaración como testigo durante el juicio por presunto cohecho que involucra a López Madrid, Villarejo y Redondo, Fraga afirmó que la investigación “no localizó pagos” al excomisario por la supuesta contratación destinada a amenazar a la dermatóloga Elisa Pinto.

Durante su comparecencia, Fraga explicó que la unidad de Asuntos Internos identificó una posible contratación de Villarejo por parte de López Madrid para intervenir en el conflicto con Pinto, a partir de los hallazgos obtenidos durante los registros en las residencias de Redondo y Villarejo. Según consignó Europa Press, el inspector aclaró ante la fiscalía —que optó por no presentar acusación— que la investigación no detectó transferencias ni registros bancarios asociados a dicha contratación.

El funcionario policial expuso que tampoco se localizaron otros documentos considerados habituales en el modo de trabajo de CENYT —la empresa de Villarejo—, tales como informes elaborados para clientes, presupuestos, hojas de encargo ni contratos. Fraga remarcó ante la Audiencia que, aunque en los registros se encontraron diversas anotaciones manuscritas, no fue posible identificar trazabilidad financiera ni documentación formal que confirmaran la contratación o retribución a Villarejo vinculada al caso de Pinto.

Al ser consultado por la abogada de la doctora, que actúa como acusación particular, Fraga describió el protocolo usual empleado por CENYT. Señaló que el proceso consistía en redactar informes generales y preliminares, establecer un presupuesto y elaborar notas internas para gestionar el trabajo que se realizaba en la agencia de investigación. De acuerdo con la declaración del agente recogida por Europa Press, en este caso concreto no se hallaron ese tipo de documentos entre los materiales incautados.

La versión de Javier López Madrid, presentada un día antes en el juicio, sostuvo que nunca contrató los servicios de Villarejo para enfrentarse a Elisa Pinto, situación que negó de forma expresa. El empresario declaró ante el tribunal que recibió más de 1.500 llamadas telefónicas en ocho meses, exponiendo que su esposa, hijos y allegados también recibieron una cantidad similar de comunicaciones. Según publicó Europa Press, López Madrid acusó directamente a Pinto de realizar dichas llamadas utilizando tarjetas de prepago y cabinas públicas. A raíz de esta situación, el empresario informó que acudió a un investigador privado por recomendación de un amigo, visitando las oficinas de CENYT en 2012 con el objetivo de encontrar una solución al problema que describió como una “dramática situación” personal.

Durante el interrogatorio de su defensa, López Madrid explicó que el contacto con Villarejo, así como con otros implicados en el caso, se produjo mientras atravesaba momentos de fuerte estrés emocional, buscando orientación o apoyo ante el acoso que alegaba estar sufriendo. El acusado afirmó que únicamente supo en el año 2017 que Villarejo continuaba en la Policía y sostuvo que el excomisario nunca le pidió dinero ni abordaron cuestiones económicas en sus encuentros.

Por parte de la acusación particular, la abogada de Pinto solicita penas de seis años de prisión tanto para Villarejo como para López Madrid por presuntos delitos de cohecho, y cuatro años para Rafael Redondo por su supuesto papel como cómplice. Según el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, Pinto sostiene que López Madrid visitó en diversas ocasiones las oficinas de CENYT. Además, describe un episodio en diciembre de 2013 cuando López Madrid acudió a la consulta de la dermatóloga acompañado por Redondo, quien según la acusación, actuaba como abogado. La letrada asegura que este encuentro tuvo como finalidad hostigar a la doctora, quien relató haberse sentido atemorizada ya que no pesaba ninguna denuncia previa contra ella en esos momentos.

Según lo documentado en el escrito de acusación, a partir de 2014 Villarejo habría iniciado una serie de acciones dirigidas a hostigar a Elisa Pinto con la intención de impedir que ésta formalizara una denuncia contra López Madrid. Conforme a la información consignada por Europa Press, la acusación sostiene que en abril de ese año, después de que Pinto decidiera denunciar al empresario, Villarejo accedió a datos privados de la médica sin autorización e intentó interferir en las investigaciones policiales relacionadas con el caso.

Uno de los señalamientos concretos que aparecen en la acusación alude a maniobras de Villarejo para obtener la colaboración de funcionarios policiales, en el propósito de conseguir certificados que le permitieran posponer una rueda de reconocimiento en la que debía participar. Europa Press detalla que la intervención de estos funcionarios se habría producido supuestamente para influir en el desarrollo del proceso judicial y dilatar procedimientos establecidos.

El proceso se desarrolla en la Audiencia Nacional, donde tanto el testimonio de los investigadores policiales como las posiciones de las partes afectan la valoración del tribunal respecto a la posible existencia de pagos, contratos o participación activa de los acusados en el hostigamiento denunciado. Europa Press reportó que hasta el momento no se han presentado pruebas documentales, bancarias o contractuales que confirmen la versión de la acusación acerca del pago o encargo directo de servicios a Villarejo por parte de López Madrid en el contexto del conflicto con Pinto.