En su intervención en la clausura de la 28 Interparlamentaria del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo subrayó que la historia no concederá amnistía a quienes se alinean con el actual Ejecutivo y manifestó que su gobierno tampoco lo hará, defendiendo una agenda centrada en la regeneración democrática. Según consignó el medio, la propuesta está orientada a modificar el marco legal que rodea al suplicatorio, mecanismo mediante el cual actualmente los cargos públicos pueden quedar exentos de rendir cuentas ante los tribunales, ya que la concesión de este procedimiento puede suponer el fin de la causa judicial.
De acuerdo con lo publicado, Feijóo aseguró ante aproximadamente 4.000 personas reunidas en el recinto Palexco de A Coruña, que el compromiso de su partido se basa en fortalecer las salvaguardas democráticas del sistema político español. El líder del Partido Popular sostuvo que “ni siquiera la Constitución está preparada para que el primer incumplidor de la Constitución sea el Gobierno que ha de salvaguardarla”, en referencia al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. Según Feijóo, en España se ha producido un intercambio de poder por la posibilidad de garantizar impunidad, un escenario que calificó como grave para el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El medio detalló que Feijóo aludió a la figura del suplicatorio, señalando que la normativa vigente podría ser usada con el propósito de evitar que cargos públicos respondan ante la Justicia española. El dirigente del PP señaló que “nadie puede descartar” que este mecanismo sirva para “esquivar la justicia”, y adelantó su intención de modificar la legislación para evitar que el otorgamiento del suplicatorio conlleve el sobreseimiento definitivo de una causa. Feijóo enfatizó: “Esto no puede ser. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad”.
Durante su intervención, respaldada por el aplauso de los asistentes, Feijóo reiteró que uno de los objetivos principales de un hipotético gobierno bajo su liderazgo será impedir que figuras políticas recurran a herramientas legales existentes para eludir el cumplimiento de sentencias o investigaciones judiciales. El dirigente popular afirmó que buscará impulsar una reforma que elimine cualquier interpretación de la ley que permita archivar delitos judicialmente a través de la concesión del suplicatorio.
La propuesta de Feijóo se produce en un contexto de debate sobre los límites de la protección parlamentaria y la transparencia en las instituciones, conforme a lo señalado en la información del medio. Durante el evento, el líder del PP subrayó la necesidad de evitar situaciones en las que un gobierno pueda servirse de los instrumentos legales para garantizar privilegios no previstos por la legislación o el marco constitucional.
Feijóo también dirigió severas críticas a la actuación del actual Ejecutivo, insistiendo en que la agenda de su proyecto político se enfocará en aplicar controles más estrictos a los representantes públicos. Entre las prioridades expuestas, subrayó la importancia de consolidar un sistema en el que ninguna autoridad política obtenga beneficios legales que contravengan el principio de igualdad ante la ley.
En sus palabras, expresó su voluntad de "garantizar que nadie nunca pueda volver a hacerlo", haciendo referencia a las actuaciones del gobierno que, según su criterio, han quebrantado la confianza en el equilibrio de poderes. Feijóo atribuyó la actual situación a lo que definió como un cambio de poder a cambio de impunidad, postura reiterada durante toda su intervención, según reflejaron las crónicas del evento.
A través de la reforma del suplicatorio, la propuesta del PP pretende ajustar los mecanismos de control parlamentario, asegurando que quienes ocupan cargos de responsabilidad política no dispongan de vías que les permitan eludir procesos judiciales. El anuncio de Feijóo forma parte del programa avanzado por su partido en los últimos meses, con el foco en restaurar la confianza en las instituciones y limitar cualquier margen para que los representantes públicos reciban un tratamiento diferenciado ante la Justicia.
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