El Ministerio Fiscal solicitó que se prohíba al acusado comunicarse con la víctima en cualquier forma durante un período de diez años y mantenerse a una distancia mínima de quinientos metros, al argumentar la especial vulnerabilidad del menor a raíz de su escaso desarrollo físico y edad, sumado a la relación de superioridad inherente a la función de maestro. Según consignó la agencia Europa Press, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, instalada en Santiago de Compostela, juzgará a partir del 12 de enero a un profesor señalado por un delito continuado contra la libertad sexual de un alumno varón, quien era menor de dieciséis años.
El medio Europa Press detalló que el proceso judicial tiene previsto desarrollarse en sesiones que tendrán lugar los días 12, 14, 15 y 16 de enero, con inicio a las 10:00 horas, y la celebración del juicio será a puerta cerrada. La fiscalía presentó una solicitud de pena de seis años de prisión para el docente implicado, a la vez que reclama la imposición de seis años adicionales de libertad vigilada, que se pondrían en marcha tras el cumplimiento íntegro de la condena privativa de libertad.
Según el escrito del Ministerio Fiscal publicado por Europa Press, la acusación fundamentó su pedido en los hechos supuestamente ocurridos dentro de las instalaciones de un colegio en Santiago de Compostela, entre los años 2021 y 2022. El documento judicial subraya la condición de especial vulnerabilidad de la víctima, quien presentaba escaso desarrollo físico y era menor de dieciséis años al momento de lo sucedido. La fiscalía también mencionó el aprovechamiento de una posición de superioridad por parte del docente, lo que, a su entender, constituye un agravante relevante para la valoración de la responsabilidad penal.
De acuerdo con Europa Press, el Ministerio Público reclamó, además, doce años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores de edad, lo cual busca impedir futura reincidencia en contextos similares. Estas medidas adicionales de protección tienen como objetivo evitar situaciones de riesgo para menores y limitar el acceso del acusado a entornos en los que pudiera repetir conductas objeto del proceso.
Durante los días en que se desarrollará el juicio, se espera que la audiencia analice las pruebas presentadas por ambas partes en un contexto de protección estricta de la privacidad de la víctima, siguiendo la decisión de realizar las sesiones a puerta cerrada. Europa Press indicó que esta medida responde tanto a la naturaleza de los hechos investigados como a la protección de los derechos y el bienestar del menor implicado.
El expediente judicial, según la información revelada por Europa Press, contempla todas las solicitudes del Ministerio Fiscal respecto a penas privativas de libertad, restricciones de contacto y de aproximación, limitaciones de ejercicio profesional y medidas de protección a largo plazo. Estas acciones buscan responder a la gravedad del delito imputado y a las repercusiones que la fiscalía asocia a la posición de autoridad del acusado en el contexto escolar.
Con base en la información recogida por Europa Press, las acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal consideran tanto la supuesta continuidad del delito como el aprovechamiento de circunstancias que agravarían el impacto en la víctima. La fiscalía enfatizó la relevancia de la edad y las condiciones personales del menor para sustentar la solicitud de penas y restricciones que se presentan a los jueces encargados del caso. Además, se pondrá atención al cumplimiento de la prohibición de comunicaciones y la vigilancia postpenitenciaria, con el fin de garantizar la seguridad y el resguardo del menor tras la eventual sentencia.


