
Los partidos políticos de ámbito nacional en España han cerrado el año 2025 sin divulgar la información relativa a las retribuciones de sus principales dirigentes, según la última evaluación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De acuerdo con Europa Press, este órgano estratégico, que supervisa el cumplimiento de obligaciones vinculadas a la publicidad activa establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, identificó que PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida mantienen sin publicar estos datos en sus páginas oficiales. El informe, correspondiente a la segunda evaluación que el Consejo realiza a formaciones con representación en el Congreso, añade que, junto a la omisión en las retribuciones, algunos partidos no hacen públicos los currículos profesionales de sus dirigentes ni los organigramas que describen sus estructuras internas.
Según el análisis difundido por Europa Press, el Partido Popular (PP) y Vox figuran con los índices más bajos de cumplimiento en materia de transparencia. En este sentido, el PP retrocedió diez puntos en su nivel de información obligatoria, pasando del 44,4% registrado en 2024 al 34,2% en 2025. Vox, por su parte, descendió medio punto hasta situarse en el 33,2%. El estudio señala que ni el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ni el de Santiago Abascal adoptaron ninguna de las recomendaciones remitidas al cierre de 2024 por el Consejo de Transparencia para mejorar la apertura informativa. Tras su congreso celebrado el verano anterior, el PP tampoco renovó las descripciones de su estructura organizativa, eliminando incluso el organigrama que estaba disponible en 2024. Según el Consejo, “han quitado la descripción de la estructura organizativa y el organigrama y falta por publicar el perfil y trayectoria profesional de los máximos responsables del partido", recoge Europa Press.
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El PSOE encabeza el listado de cumplimiento, tras implantar siete de las cuatro recomendaciones planteadas y lograr un grado de cumplimiento del 83,1%, considerablemente superior al 57,8% del año anterior. Podemos también incrementó su desempeño, alcanzando un cumplimiento del 74% frente al 57,8% de 2024 después de responder a cuatro de las ocho sugerencias recibidas. Izquierda Unida y Sumar mostraron avances, aunque a un ritmo menor. Izquierda Unida, liderada por Antonio Maíllo, cerró 2025 con un 50,5% de cumplimiento (en comparación con el 32,7% del año previo), mientras Sumar elevó su puntuación en 7,3 puntos, hasta el 46,1%.
Europa Press detalló que PP, Vox e Izquierda Unida continúan sin hacer públicos datos sobre los contratos adjudicados por administraciones públicas o los convenios suscritos con ellas. Además, ni el PP ni Vox reportan las subvenciones o ayudas de origen público que reciben. Sumar tampoco publica los informes del Tribunal de Cuentas relativos a su contabilidad, y tanto PP, Vox, Sumar como Izquierda Unida omiten la publicación de sus presupuestos en línea.
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El Consejo de Transparencia también puntualizó que únicamente el PSOE organiza la información en su portal conforme a los criterios establecidos en la Ley de Transparencia. Pese a ello, el organismo identificó posibilidades de mejora entre los socialistas, instándoles a publicar los salarios de sus cargos relevantes y agregar la fecha de revisión o actualización en sus publicaciones. El informe resalta que Podemos e Izquierda Unida tampoco presentan el organigrama ni la trayectoria de los miembros de sus órganos de dirección y gestión en sus plataformas oficiales. En el caso de Sumar, se le reprochó haber retirado las funciones y descripciones asociadas a su estructura organizativa además de no ofrecer acceso al organigrama.
La evaluación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según Europa Press, se basa en la observancia estricta de las obligaciones legales sobre la difusión proactiva de información por parte de los partidos políticos. El objetivo de estas revisiones consiste en fomentar una administración interna transparente y garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información relevante sobre quienes ostentan responsabilidades públicas, así como la gestión de recursos y contratos vinculados a fondos del Estado. La segunda evaluación realizada a estas formaciones evidencia la persistencia de carencias en la apertura informativa, especialmente en lo que respecta a los aspectos económicos, profesionales y estructurales de los partidos con presencia en la Cámara Baja.
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