García Ceniceros, presidente de FJI, lamenta que el CGPJ esté "pecando de los mismos males" que consejos anteriores

A raíz del reciente rechazo a la renuncia de José María Fernández Seijo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros, ha llamado la atención sobre lo que considera una “disciplina de voto pura y dura” y expresó su sorpresa por la ruptura de dinámicas internas en el órgano, un síntoma que vincula con una división interna cada vez más marcada. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, García Ceniceros advierte que el CGPJ enfrenta una “guerra sangrante” motivada por la pugna entre bloques internos, lo que estaría perpetuando problemas históricos en la institución.

Según reportó Europa Press, García Ceniceros, elegido recientemente como presidente de FJI durante el XXI Congreso de la asociación en Albacete, centró buena parte de sus declaraciones en la fragmentación interna del CGPJ. El magistrado, que desempeña funciones en la Audiencia Provincial de Barcelona, señaló que la actual configuración del órgano judicial, lejos de consolidar avances, reproduce dinámicas anteriores, con bloques enfrentados que funcionan más en clave de agrupación que de labor institucional.

En el reciente episodio de tensión interna en el órgano de gobierno de los jueces, el bloque conservador, compuesto formalmente por 10 vocales, logró imponerse al progresista, igualmente compuesto por 10 miembros, gracias al respaldo de la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, junto con el voto de Carlos Hugo Preciado, quien se define como “progresista independiente”. Esta situación desencadenó la polémica renuncia del vocal progresista Fernández Seijo, que Perelló finalmente rechazó, evidenciando la inestabilidad derivada de este enfrentamiento interno, tal como detalló Europa Press.

Desde la perspectiva de Foro Judicial Independiente, que mantiene distancia de los nombramientos y no avala a candidatos para vocal, el desarrollo de estos acontecimientos se observa “desde la distancia”. García Ceniceros criticó la raíz del problema, que no es la alteración del equilibrio entre los bloques, sino la existencia de dichos bloques en sí mismos. La asociación sostiene una postura contraria al sistema actual de elección de vocales y a cualquier criterio discrecional en el avance profesional dentro de la carrera judicial, reinvindicando la urgencia de una reforma profunda y objetiva que elimine la discrecionalidad en los nombramientos, según remarcó Europa Press.

El debate sobre la gestión de los tribunales de instancia fue otro de los puntos abordados por el presidente de FJI. García Ceniceros valoró negativamente la implementación de estos organismos en los lugares donde ya existen, argumentando que la falta de inversiones adecuadas ha provocado avances insuficientes. Reconoció la importancia del concepto de la nueva oficina judicial, que busca una estructura administrativa unificada, pero advirtió que la falta de homogeneización en los procesos judiciales genera un “caos”. Describió cómo en su experiencia en los juzgados de instancia de Barcelona, se encontraban hasta “50 formas diferentes de admitir una demanda”, una prueba de la ausencia de normas unificadas y de la necesidad de reformar ese aspecto.

Insistió en que solucionar este entramado requiere sistemas interconectados que faciliten la comunicación entre los juzgados y entre diferentes partidos judiciales. En este contexto, García Ceniceros considera que la implementación real de los tribunales de instancia depende actualmente del esfuerzo personal de los trabajadores judiciales, lo que tilda de resultado insuficiente. Durante el XXI Congreso, la conclusión fue tajante: “El problema de la Justicia no es un problema de organización, que se puede mejorar sin duda. Los problemas de base son otros. Entonces, vendernos eso como la gran solución de los problemas de la Justicia me parece totalmente inadecuado, increíble”.

Durante la clausura de ese encuentro, los miembros de FJI acordaron emprender “medidas de conflicto colectivo”, incluyendo la posibilidad de convocar huelgas como la realizada en julio pasado. Según explicó García Ceniceros a Europa Press, esa determinación se remonta a mayo de 2023, la fecha en que las asociaciones judiciales amenazaron con un paro general que se canceló en virtud de diversos acuerdos alcanzados con el Gobierno, centrados en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los jueces.

En materia de recursos humanos, la demanda de crear más plazas para jueces y fiscales ocupa históricamente un lugar central en las reivindicaciones de las asociaciones judiciales. García Ceniceros explicó que la estructura de la judicatura está experimentando la jubilación masiva de quienes ingresaron en el auge de las décadas de 1980 y 1990. Según matizó, las convocatorias anuales de alrededor de 200 plazas no resultan suficientes ni siquiera para cubrir la reposición generacional, lo que supone una preocupación para el funcionamiento del sistema, según lo recogido por Europa Press.

El Ministerio de Justicia ha respondido vinculando la resolución de estas carencias a la aprobación de nuevas reformas y a la disponibilidad de más recursos presupuestarios, con unos Presupuestos Generales del Estado que permanecen prorrogados desde 2022. Ante estas respuestas, el presidente de FJI se muestra escéptico y califica tales promesas como “el cuento de la lechera”, señalando que la confianza en la concreción de estas medidas es inexistente para el colectivo judicial representado por la asociación, detalla Europa Press.