El Supremo analizará también el 15 de enero si mantiene a Koldo en prisión provisional

En el proceso judicial por la presunta adjudicación irregular de contratos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia, la defensa del exasesor Koldo García manifestó que el verdadero incremento de su patrimonio es tres veces menor al señalado inicialmente y que sus ingresos justifican ese aumento. Esta cuestión, que aparece en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, ocupa un lugar central en la estrategia de la defensa, la cual busca revocar la prisión provisional y obtener la libertad para García, argumentando la ausencia de indicios sólidos sobre riesgo de fuga o reincidencia y defendiendo la legalidad del origen del dinero investigado. De acuerdo con Europa Press, la Sala de lo Penal del Supremo tiene previsto revisar este recurso de apelación el 15 de enero.

La audiencia programada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se realizará el 15 de enero a las 11:00 horas y dará continuidad a la que media hora antes analizará la apelación del exministro José Luis Ábalos, también afectado por la orden de ingreso en prisión. Según detalló Europa Press, las decisiones de prisión provisional, comunicada y sin fianza, fueron dictadas el 27 de noviembre por el magistrado Leopoldo Puente contra ambos, Ábalos y García, debido al "riesgo extremo de fuga" considerado por la proximidad del juicio en su contra y por el empresario Víctor de Aldama, todos investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la adquisición de equipos sanitarios durante la emergencia por covid-19.

En el recurso presentado, la defensa de García expuso que el incremento patrimonial identificado se halla plenamente justificado con ingresos legítimos y que el principal indicio para fundamentar delitos de malversación y blanqueo quedaría así invalidado, según consignó Europa Press. Además, sostuvo que la prisión provisional resultaría incompatible con el principio de proporcionalidad bajo estas circunstancias y ofreció la posibilidad de que, en caso de no aceptar su petición principal, el tribunal establezca una libertad bajo fianza, con condiciones como comparecencias quincenales y la prohibición de salir de España, medidas que García ya cumplía antes de su ingreso en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

García, representado por su defensa en este trámite ante el Supremo, también pidió que se declare la nulidad de la prisión provisional y del procesamiento por el presunto cobro de comisiones a favor de empresas adjudicatarias de los contratos sanitarios a través del Ministerio de Transportes. Según publicó Europa Press, la defensa señaló que la resolución de prisión se basó sobre suposiciones de la acusación, sin verificar la robustez de los elementos incriminatorios ni justificar un real riesgo extremo de fuga.

En el análisis presentado ante el tribunal, la defensa resaltó que no existen razones para considerar que García pueda obstaculizar la investigación, señalando que todas las pruebas ya fueron recopiladas y formalizadas, y rechazó que exista posibilidad de reincidencia, dado que los hechos bajo sospecha se circunscriben a un contexto y periodo específico en el que el exasesor ya no tiene funciones ni vinculación directa, tal como reportó Europa Press.

Otro argumento destacado en la reclamación de libertad fue el supuesto arraigo personal y familiar de García, quien reside con una hija menor de cinco años y cuida de su madre viuda de 86 años, con necesidades especiales de atención. Su defensa indicó que estas circunstancias personales, señaladas por Europa Press, constituyen un elemento adicional contra la valoración de riesgo de fuga. También refirió que García siguió todas las órdenes judiciales, presentándose regularmente, entregando su pasaporte y respetando la prohibición de salir de España desde su citación inicial en el proceso, descartando la posibilidad de huida a países con tratados de extradición con España como México, Venezuela, Colombia o Georgia.

La defensa alegó que el auto de prisión provisional desestimó pruebas sobre el origen legal de fondos atribuidos a su representado, además de no considerar el reembolso de 127.000 euros por gastos realizado por la Secretaría de Organización del PSOE en los años correspondientes, transacción respaldada, según el recurso, por dos testigos distintos que confirmaron que García gestionó esos fondos legales del partido. Así lo detalló Europa Press, recogiendo además la explicación de García sobre la supuesta entrega mensual de 10.000 euros por parte de Aldama, desestimada por falta de corroboración patrimonial o de otra prueba adicional distinta a la declaración de este tercer procesado.

De acuerdo con el relato de García ante el Supremo, los gastos personales del exministro Ábalos fueron adelantados por él y restituidos luego mediante transferencias o en persona, diferenciando partidas para el Ministerio, el partido y actividades particulares, utilizando sobres distintos para cada fin, siempre de acuerdo con Europa Press. Añadió que el único capital propio que debe justificar asciende a 98.421 euros y que el resto de los fondos declarados quedan cubiertos por deudas asumidas legalmente.

En relación a la competencia judicial, la defensa de García expresó que no se estableció previamente qué órgano debía seguir el caso, puesto que tanto él como Ábalos se encuentran implicados en investigaciones simultáneas en la Audiencia Nacional. Según expuso Europa Press, la defensa propuso que el Supremo asuma la totalidad de la causa, ya que han aparecido otras figuras políticas de relevancia potencialmente vinculadas, señalando entre ellas a Francina Armengol, presidenta del Congreso y relacionada con contratos públicos adjudicados a Megalab Eurofins durante la pandemia.

El recurso también criticó lo que calificó como escritos "exagerados" de las acusaciones, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares encabezadas por el PP, quienes plantearon penas de prisión elevadas. Según la defensa, estos escritos pretenden justificar la decisión de mantener la prisión provisional en base a un riesgo de fuga que consideró inexistente, citando a Europa Press.

El Tribunal Supremo tomará en consideración estos planteamientos en la sesión pautada para el 15 de enero, donde se debatirá si procede mantener o no a García en situación de prisión provisional ante el avance del procedimiento judicial.