
Marien Ortega, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sostuvo que la implantación de más de 300 tribunales de instancia en España se ha producido sin que se hayan resuelto las dificultades estructurales que enfrenta el sistema judicial, y advirtió sobre el riesgo de colapso derivado de la falta de jueces y magistrados. Ortega insistió en que la actual reorganización judicial, promovida por el Ministerio de Justicia, no cuenta con una evaluación rigurosa de sus efectos ni con los recursos necesarios para responder a las demandas del sector, como detalló Europa Press.
Según informó Europa Press, la AJFV criticó el "discurso triunfalista" del Ministerio respecto a la reforma de los tribunales de instancia, señalando que se ha dejado de lado la opinión de los operadores jurídicos y se ha mantenido el calendario para la culminación de la tercera y última fase, prevista para el 31 de diciembre. El Ministerio acordó por unanimidad con las comunidades autónomas con competencias transferidas la finalización de este proceso en la citada fecha, aunque introdujo cierta flexibilidad para adaptar el ritmo de entrada en funcionamiento de los tribunales a las necesidades organizativas y las cargas de trabajo de cada partido judicial.
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La nota de prensa del Ministerio incluyó la mención a la puesta en marcha de cien nuevos tribunales de instancia en núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Palma y Zaragoza. En este sentido, Europa Press detalló que el Ministerio aseguró haber conseguido el respaldo pleno de las comunidades autónomas para que los nuevos equipos comiencen a operar de manera paulatina según lo requiera cada territorio.
Pese a estos anuncios, Ortega lamentó que el Ministerio "presuma hoy de resultados tangibles" sin ni siquiera considerar las peticiones que demandan una evaluación seria y mayores recursos para el sistema judicial. Según remarcó la portavoz de la AJFV, el descenso observado en el número de nuevos litigios no refleja una mejora genuina, sino que responde más bien a la insuficiencia de recursos con la que operan los tribunales, lo que, a su juicio, traslada el problema en vez de resolverlo.
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En su comunicado, Ortega afirmó que "transmitir la idea de que más de 300 tribunales de instancia han entrado en funcionamiento sin incidencias significativas" constituye una simplificación que evade los datos reales y la dimensión de la problemática que, según la AJFV, reside en la carencia de jueces y magistrados. Aseguró además que tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria como los decanos de más de cincuenta grandes capitales y la Audiencia Nacional han solicitado a Justicia el aplazamiento de la implantación de la nueva oficina judicial, alertando sobre el riesgo de colapso de la Administración de Justicia ante la falta de planificación y refuerzos.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, valoró de forma positiva el desarrollo de la Conferencia Sectorial de Justicia, subrayando que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas se adoptó "en un clima de cordialidad". Según la información transmitida por el Ministerio y recogida por Europa Press, el calendario oficial fija la culminación de la tercera fase para el 31 de diciembre, aunque se introdujo un margen de flexibilidad para responder mejor a los retos organizativos de los diferentes partidos judiciales del país.
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Frente a este planteamiento, la AJFV cuestionó la falta de un diagnóstico real sobre las causas de la congestión judicial y el tratamiento del "descenso en el número de demandas" como un éxito, cuando podría estar vinculado, en realidad, a los obstáculos derivados de la escasez de personal en los tribunales de instancia. Ortega recordó que hay "voces que advertimos que sin planificación y sin recursos la nueva oficina judicial puede desembocar en el colapso", refiriéndose tanto a las demandas de la AJFV como a las planteadas por otras instancias judiciales.
La discusión sobre los tribunales de instancia se ha intensificado en las últimas semanas luego de que el Ministerio avanzara en la implementación de esta reforma pese a las reservas expuestas por diversos actores del ámbito judicial. Tanto asociaciones constitucionales como órganos representativos de jueces han defendido la necesidad de una mayor planificación y dotación de medios antes de consolidar un despliegue a gran escala del nuevo modelo.
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Mientras tanto, el Ministerio mantiene una narrativa optimista acerca de los avances logrados, resaltando la reducción de "actos de comunicación pendientes", la disminución de ejecuciones y pleitos civiles y la supuesta capacidad organizativa alcanzada con la estructura aprobada. La AJFV, en contraste, ha insistido en que "la pelota está en otro tejado", planteando que el origen de las dificultades actuales se encuentra en los límites del número de funcionarios judiciales y la ausencia de una evaluación sistemática del impacto de las reformas.
De acuerdo con Europa Press, los próximos meses serán claves para comprobar si la flexibilidad introducida responde eficazmente a las advertencias o si las carencias señaladas por la AJFV y otros operadores jurídicos acaban por agravarse con la extensión de los nuevos tribunales de instancia.
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