La fiscal general considera que la reforma de la Lecrim no puede demorarse para garantizar una Justicia más ágil

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha subrayado su compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y contra la corrupción en su toma de posesión como consejera nata del Consejo de Estado, en la que también ha dedicado palabras de elogio a su antecesor, Álvaro García Ortiz.

Asimismo, ha abogado por acometer sin demora la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y reformar el actual sistema "decimonónico" para contar con una Justicia más ágil y especializada.

La fiscal general ha resaltado las "cualidades jurídicas, el compromiso y la clarividencia" de García Ortiz, que recientemente fue condenado por revelar información secreta del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Sirvan estas palabras como gratitud e indubitable reconocimiento", ha apuntado.

Durante su intervención este jueves ante el pleno del principal órgano consultivo en España, ha señalado como primer compromiso "la lucha contra la violencia sobre la mujer", subrayando que la Fiscalía está llamada a desempeñar un "papel activo" en la protección de las víctimas y la persecución de los agresores y en la promoción de una cultura que tienda a erradicar "cualquier forma de violencia machista".

Aunque considera que España ha avanzado en la protección integral de las víctimas, la especialización de los órganos y en la coordinación entre instituciones, advierte de que se deben mejorar los instrumentos legales, la dotación de medios y la sensibilización social. "La igualdad real y efectiva no admite ningún tipo de retroceso", apunta.

Su segundo compromiso es "combatir el fenómeno de la corrupción" que, advierte, socava la cohesión social y la credibilidad en el sistema. Por tanto, la Fiscalía "debe actuar con firmeza" para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

En este sentido, ha aplaudido la creación por parte del Gobierno de dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General, la Unidad Coordinadora de Delitos contra la Administración Pública y la Unidad de Delitos Económicos que, defiende, afianzarán la especialización y eficacia del Ministerio Público.

Finalmente ha señalado su apuesta "por un nuevo modelo procesal penal" con al reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dejaría el proceso de instrucción en manos de la Fiscalía y no de los jueces como hasta ahora.

Para Peramato, no se trata de "una mera cuestión técnica" sino una necesidad estructural para garantizar una Justicia "más ágil" y "plenamente respetuosa con los derechos fundamentales".

En ese sentido señala que el modelo actual es heredero de concepciones decimonónicas y por tanto debe dar paso a otro que responda las exigencias de la sociedad contemporánea.

"Que refuerce la investigación especializada de una delincuencia cada vez más compleja y que asegure la tutela judicial efectiva en plazos razonables. Esta transformación no puede demorarse", avisa porque de ella depende la fe de la ciudadanía en la Justicia.