La fiscal general considera que la reforma de la Lecrim no puede demorarse para garantizar una Justicia más ágil

Durante su intervención ante el principal órgano consultivo de España, Teresa Peramato defendió la necesidad de adoptar un nuevo modelo procesal penal, afirmando que la transformación del sistema judicial no constituye solamente un cambio técnico, sino un requisito esencial para lograr una justicia más rápida y que respete plenamente los derechos fundamentales. Según informó el medio original, la fiscal general del Estado subrayó que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), heredera de planteamientos del siglo XIX, debe dar paso a un modelo procesal adaptado a las demandas sociales contemporáneas para no poner en riesgo la confianza pública en la administración de justicia.

Peramato sostuvo que la reforma de la Lecrim es urgente y no puede postergarse, ya que servirá para reforzar la investigación de delitos cada vez más complejos y asegurar una protección judicial efectiva dentro de plazos razonables. De acuerdo con lo publicado, la fiscal general enfatizó que esta transformación permitiría que el proceso de instrucción pase a ser responsabilidad de la Fiscalía, en lugar de los jueces como ocurre actualmente. Según sus palabras, esto alinearía el sistema español con las necesidades de una sociedad que reclama respuestas judiciales más eficaces y adaptadas al contexto moderno.

Durante su toma de posesión como consejera nata del Consejo de Estado, Teresa Peramato destacó su firme compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y contra la corrupción. Según consignó el medio, Peramato señaló como prioritario el combate contra la violencia de género, explicando que la Fiscalía está llamada a desempeñar un papel activo tanto en la protección de las víctimas como en la persecución de quienes perpetúan estos actos. Añadió que también corresponde fomentar una cultura orientada a erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres.

La fiscal general reconoció avances en España en materia de protección integral de las víctimas, especialización de órganos judiciales y coordinación institucional, pero advirtió que persisten desafíos. Según sus declaraciones recogidas por la fuente, es necesario mejorar los instrumentos legales, incrementar los recursos disponibles y promover una mayor sensibilización en la sociedad. Destacó que la igualdad real y efectiva no admite retrocesos, y que deben consolidarse medidas que garanticen derechos y protección a las mujeres en todos los ámbitos.

El medio también reportó que Teresa Peramato abordó la lucha contra la corrupción como otro eje central de su mandato. Advirtió que este fenómeno erosiona la cohesión social y perjudica la confianza pública en las instituciones. La fiscal general afirmó que la Fiscalía debe actuar con determinación para prevenir, investigar y sancionar prácticas corruptas. En este sentido, destacó positivamente la reciente creación por parte del Gobierno de dos unidades especializadas dentro de la Fiscalía General: la Unidad Coordinadora de Delitos contra la Administración Pública y la Unidad de Delitos Económicos. Según Peramato, estas estructuras contribuirán a fortalecer tanto la especialización como la capacidad de respuesta del Ministerio Público ante delitos que afectan a la administración y a la economía.

Durante su discurso ante el pleno del Consejo de Estado, Peramato reservó palabras de reconocimiento para su antecesor, Álvaro García Ortiz, agradeciéndole de forma explícita sus aportaciones, a las que reconoció "cualidades jurídicas, compromiso y clarividencia". Según detalló el medio, García Ortiz fue recientemente condenado por la revelación de información confidencial relativa al entorno personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Peramato mostró gratitud y reconocimiento hacia su labor.

Al analizar las necesidades de transformación del marco legal y judicial español, la fiscal general insistió en que las reformas estructurales, como la de la Lecrim, resultan imprescindibles para impulsar una justicia más ágil y especializada. Según refirió la fuente, esta revisión legislativa dotaría al sistema de los medios necesarios para encarar los nuevos desafíos del crimen organizado y la criminalidad económica, respondiendo además a las expectativas de una ciudadanía cada vez más exigente con la calidad y la rapidez de las resoluciones judiciales.

Peramato cerró su intervención advirtiendo que el éxito de la transformación depende de que no se retrase la reforma imprescindible del proceso penal. Declaró que la confianza de las personas en la administración de justicia descansa en la capacidad del sistema para ofrecer respuestas rápidas, eficaces y respetuosas con los derechos fundamentales.