Madrid, 15 dic (EFECOM).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido este lunes de que su departamento cursa otros expedientes sancionadores similares al ejecutado contra la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb, multada con más de 64 millones de euros.
Bustinduy no se ha podido pronunciar sobre las empresas que pudieran estar inmersas en los citados nuevos expedientes sancionadores, pero ha afirmado que "responden al mismo propósito sobre la erradicación de las prácticas abusivas" en materia de vivienda.
El ministro ha asegurado, sobre la sanción a Airbnb, que los 65.122 anuncios irregulares que han motivado la actuación ya no existen y que fueron retirados en su momento de la plataforma.
"Esta sanción demuestra que los poderes públicos actúan con determinación y que ningún actor económico puede eludir sus obligaciones", ha señalado Bustinduy.
"Las prácticas de especulación están secuestrando el derecho constitucional a la vivienda", ha declarado.
El titular de Consumo ha recordado que en octubre de 2024 la Dirección General notificó a la plataforma la existencia de publicidad ilícita. Ante su inacción, ha relatado que, en diciembre de ese mismo año, el ministerio procedió a la incoación del expediente sancionador.
Airbnb recurrió ese expediente y, posteriormente, el Tribunal de Justicia de Madrid respaldó las actuaciones del Ministerio.
Con respecto a la cuantía de la sanción, Bustinduy ha indicado que ésta responde al tiempo que estuvo publicado el contenido ilícito en la plataforma.
El ministro ha reiterado que esta sanción "es un mensaje muy claro a todos los operadores económicos que intentan lucrarse en el ámbito de la vivienda" y ha insistido en la "total determinación" del Gobierno por "erradicar esos comportamientos".
El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.
La resolución es firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. No obstante, Airbnb podrá recurrir la sentencia ante una instancia superior.
Bustinduy ha aprovechado su comparecencia para urgir a que, para 2026, se haga efectiva una prórroga de los contratos de alquileres que vencen tras los 5 años mínimos a los que obliga la ley, con el fin de "favorecer" a más de 1,2 millones de personas.
También ha comentado que su deseo es "acabar con lo alquileres de temporada". EFECOM
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