La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Santos Cerdán, antiguo dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), figura en el núcleo de las pesquisas sobre adjudicaciones irregulares y supuesta corrupción en contratos públicos, según la documentación intervenida que vincula a la empresa Servinabar con una red de favores y pagos de comisiones. En este contexto, la Audiencia Nacional se prepara para decidir si dicta prisión preventiva a los principales arrestados en la causa: Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. Este sábado, el juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, escuchará a los implicados antes de resolver sobre sus medidas cautelares, conforme informó Europa Press.

La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción desde el pasado miércoles, implica cargos por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos comparecientes destaca Leire Díez, exvinculada al PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y Antxon Alonso, socio de Cerdán y empresario relacionado con Servinabar. Europa Press detalló que la investigación abarca ya a más de 12 personas, entre altos cargos y empresarios señalados en documentos obtenidos por la Guardia Civil.

Los registros efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) se extendieron por Madrid, Sevilla y Zaragoza, inspeccionando las sedes de empresas como Forestalia y oficinas de organismos públicos y privados, incluidas las de la propia SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa. Además, se han solicitado expedientes a Correos y a los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, indicó Europa Press, con el propósito de esclarecer el rastreo de fondos y contratos bajo sospecha. El Ministerio de Transición Ecológica confirmó la entrega de dos expedientes requeridos en el marco legal aplicable, según recogió el mismo medio.

Desde la emisión de las órdenes de detención, el proceso se ha desarrollado bajo secreto judicial. El foco de las pesquisas se sitúa en los movimientos alrededor de Servinabar, sociedad en la que, según un contrato privado intervenido y citado por Europa Press, Cerdán adquirió aproximadamente el 45% de las participaciones con un desembolso de 6.000 euros. Servinabar recibió adjudicaciones vinculadas al gobierno navarro que superan los 75 millones de euros, detalló Europa Press. Los investigadores rastrean la existencia de pagos de comisiones o asignaciones de proyectos bajo condiciones presuntamente irregulares implicando a empleados públicos.

Leire Díez también se encuentra bajo el escrutinio de un procedimiento separado, dirigido por el juez Arturo Zamarriego, centrado en posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Europa Press informó que Díez está implicada por presuntamente proporcionar datos confidenciales de agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de ayudas para distorsionar investigaciones. En una comparecencia judicial de noviembre, Díez justificó sus encuentros con Cerdán por motivos periodísticos y negó cualquier implicación ilícita, además de exponer su paso por Enusa entre 2018 y 2021, seguido de su incorporación a Correos como jefa de Relaciones Institucionales tras una excedencia.

El caso de Vicente Fernández gira en torno a supuestos cobros de Servinabar, con transferencias de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023, junto a una retención de 40.800 euros en 2022. Fernández, presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, dimitió debido a su implicación en el caso Aznalcóllar, aunque posteriormente fue absuelto. Estos datos también se incluyen en los informes remitidos por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo dentro del denominado “caso Koldo”.

Antxon Alonso, por su parte, está bajo investigación por posibles pagos de comisiones al exasesor Koldo García. Frente al magistrado Leopoldo Puente, Alonso rechazó haber ligado estos pagos a contrataciones públicas o a la intervención de Santos Cerdán en Servinabar, aunque reconoció transacciones hacia García correspondientes a proyectos privados anteriores a 2017, reclamando la plena propiedad de la empresa. Estas declaraciones contrastan con la documentación obtenida, que, según Europa Press, revela la participación de Cerdán en la sociedad.

El alcance de la investigación incluye la revisión de documentos de administraciones estatales, empresas privadas y organismos públicos encargados de la gestión de fondos. Europa Press consignó que la UCO solicitó acceso a variados archivos internos con objeto de delimitar los mecanismos y el tamaño de la presunta red criminal. Empresas adjudicatarias y entidades públicas responsables del manejo de fondos han sido objeto de verificación, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

El procedimiento ha traído a la luz la implicación de nuevos investigados, entre ellos el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, según consignó Europa Press. La investigación continúa centrando sus esfuerzos en determinar la dimensión y alcance de las tramas de adjudicaciones sospechosas y de posibles comisiones ilícitas. Este sábado, la decisión judicial afectará el futuro inmediato de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, cuyos testimonios contribuirán al avance de una de las operaciones anticorrupción más señaladas de los últimos años, detalló Europa Press.