Un pastor evangélico afronta cuatro años de cárcel por desfalcar más de 500.000 euros de su iglesia en Madrid

La adquisición de un vehículo a nombre del individuo investigado y la entrega de sumas importantes de dinero a su hijo para la compra de una vivienda en Boadilla del Monte figuran entre los movimientos económicos que el Ministerio Fiscal atribuye al acusado, quien ocupó el cargo de pastor en la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste. Según consignó la Fiscalía de Madrid, estos fondos formaban parte de los más de 516.000 euros que, entre 2016 y 2018, la acusación sostiene que fueron sustraídos de la comunidad religiosa mediante transferencias bancarias. El medio, a través de la Fiscalía, especificó que el líder religioso enfrenta un inminente juicio que se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. El escrito de acusación detalla que la petición penal asciende a cuatro años de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado disponía de autorización para operar en la cuenta corriente que la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste mantenía en una sucursal de Bankia situada en la calle Chapinería de Madrid. Aprovechando su posición de responsabilidad y el acceso a los fondos, el Ministerio Público afirma que el pastor ordenó numerosas transferencias desde la cuenta de la entidad religiosa hacia su cuenta personal. Todo ello ocurrió entre febrero de 2016 y noviembre de 2017, período en el que el escrito recoge más de veinte operaciones que, en algunos casos, superan los 90.000, 100.000 o hasta los 150.000 euros, además de otras por importes inferiores.

El monto total de los fondos presuntamente desviados asciende a 516.271,83 euros, según detalló la Fiscalía madrileña. La investigación sostiene que la cuantía provenía principalmente de las donaciones periódicas realizadas por los fieles de la comunidad. Las transferencias registradas en la cuenta del acusado reflejaban distintos conceptos como "nómina", "donación", "ofrenda" o "gastos". Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que la persona procesada no cobraba salario alguno de la institución religiosa, pese a que las anotaciones bancarias justificaban algunos movimientos bajo el concepto de compensación laboral.

La Fiscalía indicó en su escrito que los miembros de la parroquia no tuvieron conocimiento sobre el destino de las donaciones hasta el año 2020, cuando los actos comenzaron a recibir atención y a ser objeto de revisión. El caso implica un posible delito continuado de apropiación indebida, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó no solo cuatro años de prisión, sino también una multa de diez meses, que correspondería a una cuota diaria de 10 euros, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo período en que dure la condena.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía exigió que el acusado indemnice a la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste con el importe total de 516.271,83 euros, además de los intereses legales que correspondan por las sumas presuntamente desviadas y que, hasta la fecha, no han sido restituidas a la institución. Según informó la acusación, parte de los movimientos financieros también beneficiaron a familiares directos del líder religioso, concretamente su hijo, quien habría recibido fondos para contribuir en la compra de una vivienda.

La Audiencia Provincial de Madrid será el escenario donde se desarrollará la vista oral del proceso penal, donde el Ministerio Fiscal presentará pruebas documentales y bancarias que, a su criterio, confirman la mecánica utilizada por el acusado para disponer de los fondos de la iglesia entre los años 2016 y 2018. La Fiscalía busca acreditar que el procesado actuó en abuso de las funciones propias de su cargo, valiéndose de la confianza depositada en él por la comunidad y de la exclusividad de acceso a los fondos donados por los fieles.

La investigación realizada por la Fiscalía arroja que la operativa de transferencias desde la cuenta de la iglesia comenzó con reintegros menores y, una vez consolidada la mecánica, se fueron realizando movimientos de mayor entidad. A través del análisis financiero se detectaron varios patrones que, según la acusación, apuntan a la apropiación de recursos con fines personales y familiares. Entre estos destaca la adquisición de bienes materiales a nombre del propio imputado y la canalización de dinero hacia objetivos ajenos a los fines de la institución religiosa.

La acusación recalca que el patrón de movimientos bancarios permite sostener la tesis de una estrategia continuada de apropiación, en la que el acusado utilizó conceptos que podían pasar inadvertidos en la gestión ordinaria de la tesorería religiosa. Las dotaciones realizadas no fueron supervisadas por los órganos de control de la comunidad, que permitían al pastor disponer de amplias facultades en el manejo de las cuentas. El descubrimiento de las irregularidades sólo tuvo lugar tras la revisión y el análisis de los registros, situación que motivó la presentación de la denuncia y la apertura de diligencias penales.

El Ministerio Fiscal considera que el perjuicio ocasionado a la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste es superior al medio millón de euros. Además del monto principal, solicita que el procesado afronte la obligación de abonar los intereses legales generados desde la fecha de la apropiación hasta la completa satisfacción del importe exigido. La causa judicial ha centrado el debate en la falta de mecanismos internos de control y fiscalización financiera, lo que, de acuerdo al escrito de la acusación, posibilitó la continuidad de las operaciones investigadas a lo largo de los años señalados.

La vista que se celebrará recoge la petición de una sanción penal significativa, con la que la Fiscalía pretende marcar un precedente respecto a la gestión de los fondos en organizaciones religiosas y subraya la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el uso del dinero donado por los miembros de la comunidad. Según destacó la Fiscalía de Madrid, el proceso pretende determinar no solo la responsabilidad penal del imputado, sino también la reparación del daño causado a la institución y a los donantes que aportaron recursos creyendo en su destino a fines religiosos y sociales.

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