El Senado interroga hoy a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

La digitalización integral de los procesos administrativos y académicos surgió como una de las principales propuestas formuladas en el Senado para responder a los desafíos derivados del aumento de las colaboraciones empresariales y la internacionalización en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). De acuerdo con Europa Press, la sesión parlamentaria celebrada sobre la transparencia universitaria giró en torno a mecanismos que permitan hacer el seguimiento y la trazabilidad de todos los pasos vinculados a la adjudicación de plazas, la evaluación de méritos y otros procedimientos internos, planteando la noticia principal: la comparecencia de Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el denominado “caso Begoña Gómez”.

Durante la comparecencia en la Cámara Alta, según informó Europa Press, los senadores mostraron inquietud respecto a la entrada de agentes ajenos y capital privado en el funcionamiento cotidiano de la UCM. El debate abordó el modo en que estos factores pueden influir en los criterios para la adjudicación de cargos y en los procesos de selección de personal, poniendo énfasis en el riesgo de que intereses externos condicionen la estructura de méritos y el reparto de plazas académicas en la universidad pública.

Tal como publicó Europa Press, las intervenciones parlamentarias subrayaron que la globalización y el volumen creciente de fondos procedentes de empresas están modificando el modelo tradicional de gestión universitaria. A juicio de los legisladores, esta tendencia hace necesario fortalecer de forma permanente los sistemas internos y externos de auditoría y la fiscalización de los fondos administrados por la universidad. Las propuestas expuestas incluyeron la apertura completa al público de los registros, evaluaciones y resoluciones administrativas, lo que permitiría que tanto la sociedad como los órganos de supervisión institucional accedan de manera directa a la gestión interna de la UCM.

Europa Press indicó que una de las medidas defendidas por diversos senadores consiste en la adopción de sistemas tecnológicos capaces de registrar y archivar cada etapa de los procedimientos administrativos y de gestión de personal. Los representantes políticos consideraron que la digitalización es un instrumento crucial para incrementar la transparencia, blindar el funcionamiento de la universidad y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Además, se valoró la importancia de la comparecencia periódica de directivos universitarios ante el Senado y la fiscalización parlamentaria sobre el uso de los fondos públicos y externos, con el objetivo específico de vigilar el destino de los recursos y certificar la integridad en los procesos de contratación y promoción de profesorado.

En este contexto, la sesión sirvió también para debatir el alcance de la actual normativa en la protección de la autonomía universitaria. Según detalló Europa Press, los legisladores se mostraron favorables a impulsar reformas que fortalezcan la independencia de las universidades frente a la presión de intereses empresariales y a la influencia de capitales que participan en convenios de colaboración o patrocinio con la UCM.

Durante su intervención, Juan Carlos Doadrio recalcó, en base al testimonio que recogió Europa Press, que la UCM ya cuenta con mecanismos de control para evitar la interferencia de agentes ajenos en sus procedimientos. El exvicerrector no obstante reconoció la necesidad de someter a revisión y actualización continua estos sistemas, dada la complejidad creciente del entorno universitario y los retos asociados a la financiación privada. “Las revisiones sistemáticas fundadas en tecnologías digitales resultan imprescindibles para resguardar la equidad, la objetividad y la reputación institucional que exige el entorno universitario actual”, afirmó Doadrio ante el Senado según citó Europa Press, añadiendo que estos instrumentos permiten establecer un estándar de transparencia conforme a las nuevas exigencias de la comunidad interna y de la sociedad.

Representantes parlamentarios plantearon además, según consignó Europa Press, la necesidad de realizar auditorías externas independientes que analicen específicamente el impacto de la financiación privada sobre los procesos de adjudicación de cargos y la evaluación académica. En concreto, el grupo parlamentario del Partido Popular, secundado por otras bancadas, presentó como propuesta central la elaboración de un diagnóstico sobre la incidencia de los fondos no públicos en la gestión universitaria y en los procedimientos de selección del profesorado. El objetivo de esta auditoría sería determinar en qué medida los cauces privados pueden modificar o condicionar los sistemas de mérito y la política de adjudicación de plazas en la universidad pública.

Otro aspecto central del análisis desarrollado en el Senado, de acuerdo con Europa Press, consistió en la exploración de fórmulas para automatizar los procedimientos más sensibles de la administración universitaria, mediante la implementación de plataformas digitales para el control de personal y la gestión de recursos económicos. Estas medidas también incluirían el refuerzo de auditorías periódicas y controles adicionales, con el fin de aumentar la eficacia en la supervisión de todas las decisiones relevantes para el gobierno universitario.

El auge de convenios estratégicos entre la UCM y entidades privadas, así como la entrada de capital internacional, fue identificado durante el debate parlamentario como un factor decisivo en la evolución de la gestión universitaria. Según relató Europa Press, los legisladores coincidieron en la importancia de preservar el principio de mérito en la asignación de puestos y de mantener una vigilancia estrecha sobre cualquier influencia externa que pueda afectar la igualdad en la selección de cátedras o en la administración de los expedientes académicos.

Al cierre de la sesión, Europa Press reseñó la preocupación mantenida entre los integrantes de la comisión sobre los riesgos asociados al protagonismo creciente de agentes externos y de ingresos provenientes de fondos privados. La UCM y otras universidades públicas, de acuerdo con la opinión sostenida en la cámara, deben afrontar una revisión constante de sus sistemas internos a fin de proteger su independencia y asegurar la objetividad de todos los procedimientos, respondiendo al mismo tiempo a las expectativas sociales y a los estándares internacionales relativos a la gestión académica y universitaria.