El grupo de trabajo para la inclusión financiera crea una brigada contra el fraude

El incremento de los ciberdelitos ha impactado especialmente a la población de mayor edad, con un número significativo de las 460.000 infracciones informáticas registradas en 2024 dirigidas hacia personas mayores. Así lo detalló el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Norberto Fernández, quien también subrayó que muchos afectados encuentran dificultades para conseguir que sus reclamaciones sean resueltas fuera del ámbito judicial. Este contexto impulsó al grupo de trabajo para la inclusión financiera a crear una brigada antifraude, según reportó la agencia EFECOM.

Tras una reunión celebrada en Madrid con asociaciones bancarias, representantes de los usuarios, la subgobernadora del Banco de España y el Defensor del Pueblo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció la formación de este nuevo equipo. El grupo estará liderado por los ministerios de Economía y de Transformación Digital y contará con la colaboración de bancos, operadores de telecomunicaciones y el Banco de España, informó EFECOM.

El plan contempla establecer un sistema de alerta temprana y una respuesta que, según Cuerpo, debe ser "rápida y contundente" para proteger a los ciudadanos frente a los fraudes financieros. Según explicó el ministro y detalló EFECOM, la digitalización de los servicios implica riesgos elevados que inciden principalmente en los sectores más vulnerables de la población.

Aunque ya existen estrategias implementadas junto con el sector financiero y entidades reguladoras, Cuerpo señaló que el panorama del fraude digital se encuentra en constante cambio, lo que requiere mantener una vigilancia permanente. Los fraudes más habituales actualmente están vinculados con la suplantación de identidad a través de mensajes SMS y llamadas fraudulentas.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la orden ministerial que el Ministerio de Transformación Digital emitió en febrero de 2025 para que las operadoras telefónicas bloqueen determinadas llamadas, números móviles y mensajes sospechosos. Desde febrero hasta agosto de ese año, se bloquearon más de 50 millones de llamadas y 2 millones de SMS, detalló Cuerpo en declaraciones recogidas por EFECOM. El ministro también hizo énfasis en la función del número telefónico 017, habilitado para la atención, consulta y denuncia de estos fraudes, que recibe mil llamadas diarias en todo el país.

En el Congreso se discutirá la Ley de Atención a la Clientela, que según el ministro, permitirá que las llamadas comerciales usen solo numeraciones específicas y bloqueará cualquier comunicación que provenga de teléfonos fuera del rango autorizado. Cuerpo confía en que la aprobación de esta normativa se produzca pronto y que la capacidad técnica para bloquear estos números esté plenamente operativa en 2026, informó EFECOM.

La difusión de herramientas de prevención, en especial entre los colectivos más susceptibles al fraude, figura como uno de los retos identificados por el ministro. El uso extendido del teléfono 017 es una de las recomendaciones emanadas tras la reunión, según publicó EFECOM. El ministro también propuso un impulso a la Ley de Creación de la Autoridad del Cliente Financiero, una entidad que facilitaría el reembolso a las víctimas del fraude, mecanismo actualmente en trámite parlamentario, y cuya aprobación permitiría resolver de forma más ágil las reclamaciones de los usuarios, reduciendo los atascos judiciales, informó EFECOM.

Durante la reunión, la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, expresó su apoyo a la brigada antifraude y sugirió la posible intervención de entidades como la Agencia de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, las fuerzas de seguridad y grandes plataformas digitales, según informó EFECOM. Kindelán propuso crear un repositorio oficial para verificar números telefónicos sospechosos y facilitar la actuación de las autoridades, así como establecer protocolos para retirar rápidamente anuncios fraudulentos.

El director general de CECA, Antonio Romero, señaló que el sector bancario ha invertido más de 7.000 millones de euros en los últimos años en el desarrollo de mecanismos diseñados para combatir el fraude financiero. Este esfuerzo responde al crecimiento sostenido de riesgos asociados a la digitalización y al compromiso del sector con la seguridad de sus clientes, detalló EFECOM.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, explicó que los consumidores asumen el 86% de las pérdidas provocadas por fraudes bancarios debido a que las entidades suelen alegar negligencia grave como causa para no indemnizar a las víctimas. Esta situación, según Suárez y recogió EFECOM, exige avanzar hacia una definición más precisa de los fraudes y sus circunstancias para que las reclamaciones sean evaluadas de manera más justa.

El grupo de trabajo también acordó la creación de un mapa nacional que identifique la accesibilidad a los servicios financieros en diferentes regiones. El ministro Cuerpo manifestó la expectativa de poder informar sobre avances concretos en este ámbito en la próxima reunión, prevista para junio.

Entre las recomendaciones adicionales se incluye la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sector bancario, las autoridades regulatorias y las plataformas tecnológicas. También se promueve el desarrollo de recursos para detectar comunicaciones fraudulentas y la creación de canales ágiles para la retirada de contenidos engañosos, según detalló EFECOM.

La estrategia integral derivada de este encuentro busca responder a la evolución constante de los esquemas de fraude y proporcionar mecanismos de protección especialmente adaptados a los colectivos más expuestos, entre ellos las personas de mayor edad. El propósito central es anticipar los riesgos y consolidar herramientas que garanticen la seguridad en el entorno digital financiero, informaron las autoridades involucradas según publicó EFECOM.