Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

El expediente judicial del caso señala que en 2020 el acusado llevó a su hija menor a un casino abandonado, donde forzó su ingreso en una furgoneta y, tras bloquear las puertas, perpetró una agresión sexual. Tal como consignó el medio, estos hechos agravaron las secuelas sufridas por la menor y desencadenaron una intensificación de los controles médicos y psiquiátricos, así como una atención continuada por parte de los servicios sociales y sanitarios, ante nuevos episodios de autolesiones e intentos de suicidio que los especialistas atribuyen a una exposición crónica a violencia intrafamiliar. El caso, actualmente bajo juicio en la Audiencia Provincial de Palma, incluye entre los damnificados también al hermano menor de la joven, quien no solo asistió como testigo a las agresiones sino que, según reportó el medio, fue víctima de maltrato físico por parte del acusado. La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para pedir una condena de 36 años de prisión, imputando al procesado tres delitos continuados de agresión sexual cometidos sobre su hija entre 2010 y 2020, conforme detalló la citada fuente.

Según publicó el medio, el origen de la investigación remite a la separación de los progenitores en 2010. A raíz de este cambio, el acusado obtuvo la custodia exclusiva de sus hijos cuando la menor contaba apenas poco menos de cinco años. Desde entonces, los especialistas evidencian una dinámica de aislamiento social y represión dentro del núcleo familiar. Los informes médicos y periciales, recopilados en el proceso, documentan una secuencia persistente de violencia física y sexual, acompañada de restricción de la libertad personal, con episodios verificados tanto en la primera residencia familiar como en el segundo domicilio del acusado, después de haber iniciado convivencia con una nueva pareja, sin que la justicia atribuya a ésta conocimiento o colaboración en los hechos.

La causa judicial, en palabras del medio, acumula testimonios presentados ante la Policía Nacional, documentación de los servicios sanitarios y de protección de menores, informes periciales y valoraciones técnicas, abarcando un periodo de hechos que se prolongó desde 2010 hasta 2021. El hermano menor de la víctima figuró en varios tramos de la investigación como testigo presencial, al haber presenciado reiteradamente abusos cometidos contra su hermana, además de haber sufrido episodios de agresión física.

De acuerdo con lo recopilado, la denuncia presentada por la hija en 2021 representó el primer relato integral de los hechos, tras años en que la violencia y el miedo dificultaron cualquier intento de comunicación con el entorno social o escolar. El medio citó declaraciones de la madre durante la apertura de la fase oral del juicio, en las que reconoció la persistencia de una situación de amenaza constante que imposibilitó que sus hijos solicitaran ayuda durante años. El régimen de visitas posterior al divorcio permitió que el acusado mantuviera contacto habitual con los menores, situación que, según la documentación judicial, contribuyó a prolongar la secuencia de delitos y a obstruir una intervención temprana por parte de servicios externos.

Las investigaciones forenses adjuntas a la instrucción analizaron la solidez del relato de la víctima, quien, tras un periodo inicial de confidencias parciales dentro de su entorno próximo, narró el conjunto de hechos a los equipos técnicos adscritos al juzgado. El expediente recogió no solo evaluaciones clínicas que certifican secuelas permanentes asociadas a la violencia y al abuso continuado, sino también los exámenes médicos que justificaron internamientos hospitalarios vinculados con comportamientos autolesivos y tentativas de suicidio.

El Ministerio Fiscal, según publicó el medio, fundamenta su acusación en la gravedad y reiteración de las conductas, aportando la documentación institucional y pericial que prueba el carácter irreversible de los daños causados. Los informes presentados relacionan directamente los daños físicos, psicológicos y las conductas autolesivas de la joven con la convivencia forzosa y las agresiones sufridas por parte de su progenitor. También se destaca que, durante los periodos de convivencia destinados a su protección, ningún organismo detectó pruebas concluyentes para establecer medidas de protección temprana.

La documentación judicial enumera los episodios de violencia desde 2010 hasta 2012 y en intervalos sucesivos entre 2015 y 2019, sumados al caso registrado en 2020 en el casino abandonado. El medio señaló que, durante el tiempo estudiado por el tribunal, la persistencia de los incidentes no se vio alterada por el cambio de residencia ni la reorganización del núcleo familiar. En junio de 2020, tras la formalización de la denuncia, un juzgado especializado en violencia sobre la mujer dictó la suspensión definitiva del régimen de visitas. No obstante, según consta en el expediente, las administraciones implicadas no lograron identificar indicios suficientes para interrumpir de manera anticipada el contacto entre padre e hijos.

El proceso judicial todavía recibe nuevas pruebas y declaraciones, entre ellas las de peritos, médicos forenses, profesionales sanitarios y miembros de la familia, quienes comparecen ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. Cada una de estas declaraciones forma parte del debate sobre la responsabilidad penal y la magnitud de los daños ocasionados.

De acuerdo con el medio, el acusado, además de estar procesado por delitos continuados de agresión sexual, fue condenado en 2022 por un delito de lesiones contra la misma menor. Sin embargo, las medidas cautelares de prisión provisional justificadas por los delitos sexuales solo se implementaron después de que la víctima aportara nuevos elementos probatorios que ampliaron el campo de la investigación judicial. El caso, que permanece en trámite, se encuentra bajo el análisis y coordinación de órganos judiciales y agencias de protección de menores, en busca de clarificar el alcance de los hechos acumulados durante más de diez años dentro del entorno familiar.