Montserrat (PPE) sobre las ministras socialistas ante el caso Salazar: "Como mujeres les avergüenza"

Sindicatos y asociaciones profesionales demandaron la publicación regular de datos consolidados sobre casos de acoso laboral en la administración pública, afirmando que la escasez de transparencia incrementa la vulnerabilidad de denunciantes y limita la confianza en los mecanismos internos. Según detalló Europa Press, este reclamo cobró impulso tras una polémica intervención de Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo, en la Cámara Baja española, que reavivó el debate sobre la transparencia y la protección de quienes denuncian acoso en el sector público.

El pronunciamiento de Montserrat estuvo dirigido a las ministras socialistas y generó diversas reacciones, tras señalar: “Como mujeres les avergüenza”. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, su declaración funcionó como detonante para que el debate parlamentario se volcara hacia el acceso público a información relevante, la responsabilidad administrativa y la creación de mayores garantías para denunciantes en investigaciones de acoso. El foco mediático se centró especialmente en el caso de Francisco Salazar, exasesor investigado internamente, cuyo manejo reservado fue interpretado por colectivos sindicales y asociaciones como un obstáculo significativo para la rendición de cuentas y el control social.

Europa Press reportó que sindicatos y colectivos de defensa de derechos insisten en centralizar, sistematizar y hacer públicos tanto los expedientes en trámite como los ya resueltos, argumentando que la opacidad refuerza prácticas irregulares y la ausencia de sanciones a niveles directivos. Entre las exigencias destaca la legalización de auditorías externas e independientes sobre los protocolos de investigación, así como la sistematización de informes públicos periódicos, para permitir la identificación de patrones que podrían motivar reformas estructurales en la administración.

Además, se propuso establecer protocolos institucionales de acompañamiento y seguimiento ágil para quienes denuncian, y garantizar respuestas en cada fase del expediente. Como informó Europa Press, en el Parlamento se debate actualmente la creación de mecanismos de supervisión externos o mixtos sobre las investigaciones, la regulación rigurosa de plazos y la clarificación de los derechos de los trabajadores. Estas medidas surgen como respuesta al impacto negativo que la lentitud y discrecionalidad administrativa han tenido en experiencias previas de acoso en el empleo público.

Según el reporte del medio, representantes sindicales destacaron que la falta de controles independientes y la ausencia de recursos externos pueden favorecer la impunidad, en especial en instancias superiores de la jerarquía estatal. Argumentan que la regularidad de la publicación de datos y el acceso a expedientes completos resultan imprescindibles para asegurar el control y la fiscalización social sobre la gestión pública. El mantenimiento de la confidencialidad en procesos como el del exasesor Salazar fue considerado por estos grupos como un ejemplo de cómo la falta de apertura perjudica el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se encaran y resuelven las denuncias.

En el contexto de las discusiones legislativas, Europa Press consignó que existe una demanda para fortalecer la obligación legal de emitir y difundir informes periódicos, con el fin de promover el seguimiento efectivo de los casos y limitar el margen discrecional de las administraciones. Los sindicalistas y colectivos profesionales advirtieron al medio que la ausencia de estas garantías desmotiva la presentación de nuevas denuncias, dado que la percepción social dominante asocia el proceso con posibles represalias y escasa efectividad.

Diversos portavoces sindicales citados por Europa Press subrayaron la necesidad de incrementar la apertura de los procesos y establecer revisiones independientes que permitan detectar prácticas anómalas y restablecer la percepción de imparcialidad institucional. La elaboración sistemática de datos y la involucración pública en el monitoreo facilitarían identificar tendencias, prevenir la reincidencia de conductas prohibidas y reforzar la confianza y la legitimidad en la administración pública.

La cobertura internacional recogida por Europa Press reconoció la efectividad de los mecanismos de acompañamiento y revisión externa en otros países, resaltando una mayor protección y una disminución del margen de discrecionalidad directiva. Estas referencias internacionales han penetrado en la agenda parlamentaria nacional: el debate sobre la protección de denunciantes y la mejora de los sistemas de supervisión ciudadana sobre la administración española continúa ocupando un lugar importante.

El caso Salazar y las recientes intervenciones públicas, como la de Dolors Montserrat, han impulsado a sindicatos y asociaciones a insistir en la institucionalización de procedimientos más transparentes, el acompañamiento efectivo a denunciantes y el refuerzo de los mecanismos independientes, según la información de Europa Press. La revisión de expedientes y la publicación constante de los datos figuran entre las vías que los protagonistas del debate consideran más eficaces para mejorar el control y la responsabilidad estatal y, con ello, recuperar la disposición de las víctimas a elevar denuncias y colaborar en la detección y sanción de irregularidades.

El proceso legislativo impulsado tras la visibilidad del caso Salazar, descrito por Europa Press, sitúa la transparencia, la protección de los denunciantes y la eficiencia de las investigaciones internas como prioridades para los próximos pasos en la regulación del acoso laboral en la administración pública española.