Directivo de Emergencias afirma a la jureza de la dena que planteó enviar alertas a las 17.15 y 17.38 horas

Alrededor de las 17.38 horas del 29 de octubre de 2024, momentos después de que la jefa del Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, compartiera por WhatsApp los nombres de los municipios potencialmente afectados por la presa de Forata, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, insistió en la necesidad de alertar a la población sobre el riesgo de inundaciones. Durante su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, Suárez subrayó la urgencia de utilizar el sistema Es-Alert para enviar avisos a todos los móviles de las zonas en peligro, según detalló el medio Europa Press. El testimonio de Suárez se inscribe en una causa abierta tras la riada que afectó al territorio valenciano ese día, motivo por el que se investigan las decisiones adoptadas por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Según Europa Press, Suárez, quien se reincorporó a su puesto en el Centro de Coordinación de Emergencias el mismo día de la inundación tras unos días de vacaciones, aportó una cronología de los hechos mientras se apoyaba en diversas notas escritas. El testigo, que declaró a las 9.00 horas tras haber sido citado a las 9.30, declinó realizar declaraciones a los medios de comunicación que lo aguardaban frente al juzgado. Su intervención ante el órgano judicial era especialmente esperada, puesto que, además de ser el técnico de mayor rango presente en el Cecopi durante el evento, acompañó a Pradas tanto durante la jornada como en el propio Cecopi y es considerado por diversos dirigentes políticos como uno de los principales responsables en la toma de decisiones en la gestión de la emergencia.

Durante su declaración, Suárez estableció que el Cecopi se constituyó formalmente a las 17.00 horas, aunque la reunión no arrancó hasta las 17.15. Antes de esa hora, mientras se encontraban en una sala revisando recursos disponibles, recibieron imágenes de Utiel y Requena en las que se observaban personas resguardándose en los tejados por el avance del agua, según reportó Europa Press. Ni los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ni los bomberos forestales lograron acceder a esas áreas debido a la magnitud del desastre.

En su testimonio, el subdirector detalló que lo que más le preocupaba era la situación de las personas atrapadas, especialmente por el riesgo de que sufrieran hipotermia dada la imposibilidad de rescate inmediato. A raíz de esto, planteó antes de la constitución efectiva del Cecopi recurrir al sistema Es-Alert —aunque según mencionó no utilizó específicamente ese nombre— para emitir un aviso masivo a los teléfonos móviles de la población en riesgo. Europa Press recoge que Suárez sostuvo que existía la capacidad técnica para enviar el mensaje de inmediato.

Una vez iniciado el Cecopi, los distintos responsables empezaron a intervenir. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, intervino para informar sobre la situación de la presa de Forata, que comenzaba a verter agua y que podría entrar en situación 3, lo que implica un escenario de ruptura, según publicó Europa Press. Este dato generó un impacto significativo entre los presentes.

Posteriormente, sobre las 17.38, la jefa del servicio de Emergencias compartió por WhatsApp una lista de los municipios afectados por la presa de Forata. Otra funcionaria envió el Plan de Emergencia de la infraestructura, donde se detallaba que algunas poblaciones podían registrar hasta seis o siete metros de altura de lámina de agua en caso de rotura. Suárez precisó que en ese momento reiteró la conveniencia de advertir a la población y volvió a proponer la utilización del Es-Alert, aunque no recuerda si volvió a mencionar de forma literal el nombre del sistema.

Por otra parte, el testigo afirmó ante la jueza que se optó por conservar las imágenes que las cámaras habían grabado en el Cecopi durante el ingreso de las autoridades el día de la inundación. Justificó la medida en la consideración de que el Cecopi constituye una “estructura crítica” y, por tanto, existía interés social en la preservación de ese material audiovisual. Según declaró Suárez y según consignó Europa Press, la decisión no se comunicó a ninguna instancia judicial sino a la secretaria autonómica. Posteriormente, cuando se solicitó un inventario de las autoridades que visitaron el centro ese día, el vídeo resultó útil para atender el requerimiento judicial.

Sobre la llegada de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, al Cecopi, Suárez manifestó su sorpresa al comprobar que su ingreso quedó registrado a las 20.28 horas, dato que contrastaba con lo que él recordaba. En sus palabras, “en prensa había salido que Mazón había llegado a partir de las 19.30 horas y lo dijo también en la comparecencia en Corts”, recogió Europa Press.

El procedimiento judicial dirigido por la jueza de Catarroja examina la gestión de la dana registrada el 29 de octubre de 2024 y, en particular, los protocolos y decisiones asumidos por los responsables políticos y técnicos durante las horas más críticas de la emergencia. Entre las cuestiones evaluadas por el tribunal se encuentra la oportunidad y efectividad de los avisos a la población, aspecto en el que el testimonio de Suárez y el uso del sistema Es-Alert han cobrado relevancia central. Además, el sumario valora la coordinación entre las diversas agencias implicadas, la transmisión de información interna y la documentación audiovisual preservada de los acontecimientos en el Cecopi.

Según distintas versiones recabadas por Europa Press y presentadas ante la autoridad judicial, la jornada del 29 de octubre supuso una serie de desafíos en la toma de decisiones, marcados por la incertidumbre sobre el alcance de la emergencia y las opciones de intervención disponibles. La causa se mantiene abierta respecto a la exconsellera Salomé Pradas y Emilio Argüeso, que ocupaban los puestos de máximo mando de la Conselleria de Justicia e Interior durante el episodio de la dana. El desarrollo de la investigación y las declaraciones como la de Suárez continúan aportando elementos clave para dilucidar las responsabilidades en la gestión de la emergencia.