Peinado escucha hoy a testigos propuestos por Begoña Gómez para defender que actuó por indicaciones de la UCM

La intervención de la funcionaria María Elvira Gutiérrez-Vierna, responsable de la supervisión económica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), figura entre los aspectos cruciales para dilucidar si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguió directrices institucionales cuando firmó documentos técnicos relativos a una cátedra universitaria. Según publicó Europa Press, la comparecencia de Gutiérrez-Vierna este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pretende confirmar si se respetaron las normativas internas de la universidad en cada uno de los pasos cuestionados en la investigación. Este procedimiento jurídico, dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, analiza el alcance de las actuaciones de Gómez y su posible encuadre dentro de las estructuras y procedimientos de la UCM.

De acuerdo con Europa Press, varias funcionarias de la universidad están llamadas a declarar en el juzgado situado en la Plaza de Castilla desde las 9:30 horas. Los testimonios son parte de una estrategia impulsada por la defensa de Gómez, que busca reforzar la idea de que sus actuaciones—en particular la firma de pliegos técnicos y la gestión vinculada a la cátedra universitaria—fueron ejecutadas bajo instrucciones precisas del entorno institucional. Los comparecientes selectos incluyen, además de Gutiérrez-Vierna, a María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).

El proceso, según detalla Europa Press, revisa posibles irregularidades en la intervención de Gómez sobre la gestión de documentación y recursos universitarios. El registro del dominio digital vinculado al Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG, gestionado a través de la figura de la codirectora Zulma Escalante, constituye uno de los temas en debate. Escalante aparece como titular del dominio, aunque no está adscrita al personal de la UCM, lo que ha motivado preguntas sobre los trámites seguidos y la titularidad misma de la propiedad intelectual vinculada a la cátedra.

Europa Press señala que la defensa de Gómez ha reconfigurado sus argumentos en los últimos días: ha presentado testigos y documentación que, según su planteamiento, avalan la actuación de la esposa del jefe del Ejecutivo siguiendo el procedimiento interno. En este punto, destaca la importancia dada por el abogado defensor Antonio Camacho a la declaración previa de Gutiérrez-Vierna ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, donde la interventora afirmó que las acciones ejecutadas respondieron a la normativa universitaria. Además, la defensa sostiene que el registro del dominio digital no se realizó en el Registro de Propiedad Intelectual, sino siguiendo pautas indicadas por la UCM, aspecto que el letrado Camacho considera determinante para descartar hipótesis de apropiación indebida.

El expediente surge tras la denuncia presentada por la organización Hazte Oír, admitida por el magistrado Peinado, que acusa a Gómez de presunta apropiación indebida de software universitario y de supuesto intrusismo profesional por la firma de documentos relacionados con la obtención de patrocinios para la citada cátedra. Según Europa Press, la defensa aportó correos electrónicos internos que mostrarían que la firma de los documentos por parte de Gómez respondió siempre a peticiones formales emitidas desde la misma UCM.

Durante la fase preparatoria de las audiencias, la defensa de Gómez anunció la retirada de dos testigos originalmente previstos: Carmen Mitxelena, directora de la Escuela de Gobierno de la UCM, y María José Sánchez Rosales, quien figuraba como firmante de algunos de los correos electrónicos aportados. Según reseñó Europa Press, la renuncia se comunicó antes de la convocatoria, aunque hasta el último reporte no existía constancia formal por parte del juzgado de haber recibido la notificación.

El seguimiento del procedimiento ha presentado retrasos durante el último año. Europa Press recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid intervino en octubre pasado para exigir resolución urgente sobre la pertinencia de los testimonios, incidiendo en la importancia de que altos funcionarios y técnicos de la UCM comparecieran ante el magistrado. Esta orden aceleró la instrucción y la recopilación testimonial, en un contexto de creciente escrutinio tanto judicial como público.

La investigación a cargo del Juzgado de Instrucción número 41 involucra posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Europa Press detalló que, si el procedimiento avanza y el asunto se eleva a juicio, el caso sería juzgado por un jurado popular, en lugar de jueces profesionales, dificultando el pronóstico sobre su desarrollo final debido a la dimensión institucional implicada.

Europa Press reitera el impacto político y mediático de la causa, ya que las pesquisas afectan tanto a la esposa del jefe del Ejecutivo como a la administración de una de las mayores universidades públicas españolas. La causa permanece abierta y el escenario judicial se mantiene sujeto a posibles nuevas diligencias en función del análisis de pruebas y declaraciones recabadas.