La acusación formaliza cargos que incluyen delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada, con la posibilidad de enfrentar condenas de hasta 30 años de prisión. Según publicó el medio, el proceso judicial que involucra a Koldo García y a otros altos funcionarios revela un esquema complejo de pagos periódicos, canalización de favores y adjudicación de contratos relacionados con el suministro de mascarillas al Gobierno de Canarias durante la pandemia.
De acuerdo con la información publicada, la investigación por los pagos mensuales atribuidos a Víctor de Aldama empezó a perfilar su alcance a partir de octubre de 2019, según consignó la Guardia Civil y analizó la Fiscalía Anticorrupción. Estos pagos, que ascendieron a los 10.000 euros mensuales, constituían según el fiscal Luis Pastor un mecanismo recurrente para mantener el acceso y la capacidad de intervención de Koldo García dentro del Ministerio de Transportes, sobre todo en el contexto de la contratación acelerada de material sanitario durante la crisis sanitaria. El medio reseñó que, de acuerdo con el fiscal, dicha dinámica permitió el sostenimiento de favores y la obtención de ventajas personales y empresariales, valiéndose de la influencia interna sobre los procesos administrativos.
La llegada de Koldo García a la Audiencia Nacional fue registrada después de pasar su primera noche en prisión provisional, ordenada por el Tribunal Supremo que consideró la existencia de un “extremo” riesgo de fuga en atención al proceso judicial pendiente. Según reportó el medio, el exasesor ministerial ingresó a las instalaciones judiciales en un furgón de la Guardia Civil aproximadamente a las 8:45 de la mañana, para comparecer ante el juez Ismael Moreno y responder sobre su implicación en la adjudicación de contratos de mascarillas gestionados por el Gobierno de Canarias.
El magistrado Leopoldo Puente, encargado del denominado ‘caso Koldo’, explicó que tanto García como el exministro José Luis Ábalos enfrentan posibles condenas acumuladas que no bajarían de los 10 años y podrían llegar hasta los 30, combinación resultante de los diferentes delitos señalados. El medio también detalló que la estructura investigada incluye piezas separadas relacionadas con supuestos amaños en contratos de obra pública, que siguen en fase de instrucción ante la justicia.
La citación de García y Aldama por el juez de la Audiencia Nacional tuvo lugar el 7 de noviembre, una vez que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió documentación sobre las adjudicaciones de contratos realizados durante el mandato de Ángel Víctor Torres al frente del Gobierno regional. La empresa Soluciones de Gestión, identificada como beneficiaria central en la trama sospechosa, accedió a contratos para el suministro de mascarillas bajo un procedimiento que los investigadores consideran dirigido y condicionado por acuerdos previos y mediación política.
De acuerdo con la reconstrucción elaborada por la Fiscalía y la UCO, las transferencias periódicas de Aldama a García funcionaban como una especie de nómina fija, destinada a mantener la disponibilidad del exasesor para influir en el ministerio cada vez que resultaba necesario. Aldama, según su declaración del 21 de noviembre de 2024 recogida por el medio, aseguró haber presenciado en repetidas oportunidades la distribución de dinero entre García y Ábalos, lo que apuntaló la hipótesis de una red estructurada de favores sustentada en pagos en efectivo.
Los informes recabados por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción describen que las gestiones de Koldo García abarcaban tanto la certificación de material como la agilización de cobros para la empresa adjudicataria. La influencia atribuida a García, según estos documentos, se extendía al control de procesos internos en la administración regional y la interacción directa con altos funcionarios, tales como Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario en ese entonces. Del análisis de las comunicaciones intervenidas surge que Olivera consultó con García la posibilidad de importar hasta dos millones de mascarillas o la máxima cantidad posible según la capacidad de vuelo, manteniendo correspondencia directa pese a no haberse asegurado previamente la viabilidad de la operación.
La información consignada por el medio señaló que el suministro de mascarillas por parte de Soluciones de Gestión precedió incluso a la formalización de los contratos, reforzando la línea de investigación sobre un proceso de adjudicación condicionado por pactos cerrados fuera del cauce protocolario. Koldo García, según la UCO, desempeñó el papel de supervisor en la compra de material, facilitando la mediación con diversos organismos públicos para validar las mascarillas entregadas a Canarias. Entre las gestiones implicadas, los informes judiciales recogen que García recurrió a ministros de Transportes y Trabajo para obtener validaciones oficiales, consolidando así su función dentro del entramado de influencias y contraprestaciones.
El magistrado Puente argumentó la dureza de las medidas cautelares aplicadas a Koldo García y José Luis Ábalos por la existencia de indicios considerados robustos sobre la estructura de la presunta red criminal, la continuidad de los pagos y la intervención de altos cargos públicos en la ejecución y certificación de los contratos bajo sospecha. Los informes judicializados y de la Fiscalía Anticorrupción destacan el papel de García como facilitador del proceso, actuando como enlace entre la empresa proveedora y la administración pública, abriendo canales para que el material fuese adquirido y validado, incluso en circunstancias marcadas por dudas sobre coste y calidad.
El medio subrayó que las investigaciones señalan como pilar esencial de la trama los contratos vinculados con el Gobierno canario, cita en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó expresamente la comparecencia judicial tanto de García como de Aldama, tras evaluar los informes de la UCO. La continuidad de los pagos en efectivo, la naturaleza sostenida de los favores solicitados y la participación de altos funcionarios en la adjudicación y posterior certificación del material, configuran el escenario principal sobre el que se centra el análisis de los investigadores, con consecuencias directas sobre la gestión pública durante uno de los periodos críticos de la crisis sanitaria.
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