La Junta de Andalucía ve tras la entrada de Ábalos en prisión "un problema sistémico" del Gobierno de Sánchez

En el marco de las decisiones judiciales recientes que afectan a figuras de alto nivel del Gobierno, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, aseguró que la prisión provisional del ex ministro José Luis Ábalos y de su ex asesor Koldo García podría anticipar una serie de nuevos procesos contra otros responsables públicos. Según detalló Europa Press a partir de declaraciones publicadas en la red social X, Nieto vinculó estas actuaciones judiciales a un “problema sistémico” que, a su juicio, afecta al Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez, y advirtió que en las próximas semanas podrían producirse nuevos episodios judiciales similares que comprometan a altos cargos.

De acuerdo con la información reunida por Europa Press, Nieto sostuvo que la decisión del Tribunal Supremo de ordenar el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo García no debe interpretarse como una cuestión aislada, sino como un reflejo de una problemática más amplia capaz de afectar a la estructura del Gobierno. El titular andaluz de Justicia consideró que estos casos están lejos de agotarse y aventuró la aparición de “más condenas” como la dictada contra el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Para Nieto, el Ejecutivo y el propio Pedro Sánchez se enfrentan a un periodo en el que la presión judicial será significativa.

El Tribunal Supremo dispuso la prisión provisional sin fianza de Ábalos y de Koldo García debido a lo que describieron como un “riesgo extremo” de fuga. Según detalló Europa Press, la cercanía del juicio oral y la gravedad de las acusaciones llevaron al magistrado instructor, Leopoldo López, a descartar que pudieran mantenerse las anteriores medidas cautelares, que habían impuesto a ambos la obligación de comparecer ante el juez cada quince días y la prohibición de abandonar el país. Con la nueva situación procesal, serán juzgados por presuntos amaños en contratos públicos relacionados con la adquisición de material sanitario, con una petición fiscal que podría alcanzar hasta 30 años de cárcel.

El Supremo tomó la decisión tras examinar en audiencias judiciales las circunstancias actuales y acceder a las solicitudes planteadas tanto por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, como por las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular. Según informó Europa Press, estas partes consideraron que la posibilidad de que ambos acusados intenten sustraerse a la acción de la justicia aumentó de forma considerable ante la inminencia del juicio y la gravedad de las penas solicitadas.

El procedimiento incluyó también la comunicación formal a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por tratarse en el caso de Ábalos de un diputado nacional en activo. Europa Press recalcó que esta es la primera vez que un parlamentario estatal en funciones accede a prisión.

En su llegada al Tribunal Supremo, Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE, optó por no realizar declaraciones ante los medios de comunicación. Según publicó Europa Press, el exministro compareció en la sede judicial y posteriormente intervino ante el juez para negar tener intención de huir, afirmando: “No tengo dinero ni a dónde ir”. Personas allegadas a Ábalos que estuvieron presentes en el tribunal describieron su estado de ánimo como muy afectado. Según el medio citado, durante las horas que esperó la resolución judicial, se mantuvo fumando visiblemente nervioso en el recinto.

La defensa de Ábalos, encarnada por el abogado Carlos Bautista, argumentó la ausencia de riesgo de fuga aludiendo a la condición de diputado en funciones de su cliente y defendió que encarcelarlo sin condena previa supondría un impedimento al derecho de representación política. El letrado sostuvo además que la prisión provisional podría interpretarse como un intento de presionar a Ábalos para buscar una colaboración judicial, en referencia a antecedentes como el del empresario Víctor de Aldama, quien, tras permanecer un tiempo en prisión, accedió a declarar extensamente, según reportó Europa Press.

Koldo García, quien fue asesor en el Ministerio de Transportes, compareció igualmente ante el Supremo a la hora fijada, acompañado por su abogada Leticia de la Hoz. La defensa de García trató de rebatir la competencia del Supremo, alegando que el caso debería volver a la Audiencia Nacional, e insistió en el arraigo personal del acusado: mencionaron la existencia de una madre de edad avanzada y una hija pequeña. Ante el juez, García manifestó: “No me voy a ir a ningún sitio” y añadió: “Todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, frase que algunos asistentes consideraron como una admisión implícita de un error cometido.

El fiscal jefe Alejandro Luzón, durante la audiencia sobre Ábalos, señaló que la pertenencia al Gobierno facilitó la comisión de los delitos atribuidos a los acusados, pero enfatizó que “ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal”. En su exposición, citada por Europa Press, el fiscal insistió en que el Estado de Derecho exige aplicar la justicia de manera igualitaria, independientemente del cargo ocupado.

A raíz de esta resolución, la Junta de Andalucía, tal como difundió Europa Press, subrayó su preocupación frente a lo que califica como un patrón de actuaciones dentro del actual Ejecutivo, y reiteró la advertencia acerca de la posibilidad de que nuevos procesos judiciales afecten a otras figuras relevantes del Gobierno central en los próximos meses.

El procedimiento judicial abierto incluye la previsión de un juicio en el que se analizarán los presuntos amaños en los contratos sanitarios, con penas solicitadas que se elevan hasta los 30 años de prisión. Esta circunstancia resultó determinante para la decisión del Supremo, dado que la gravedad de la acusación incrementa el riesgo de fuga, motivo esgrimido por el juzgado instructor para decretar el ingreso inmediato en prisión provisional. Tanto la defensa de Ábalos como la de García han expresado su desacuerdo con la medida, considerando que sus clientes mantienen arraigo personal y profesional suficientes, y que la prisión antes de la condena vulnera derechos fundamentales.

En las intervenciones de los imputados ante el juez Puente, ambos insistieron en la decisión de permanecer en el país y enfrentar el proceso judicial. Las actuaciones del Supremo, según Europa Press, han suscitado un debate sobre la extensión y los efectos de la responsabilidad penal de altos funcionarios, así como el alcance e interpretación de las medidas cautelares en procesos penales contra responsables políticos en funciones.