Madrid, 27 nov (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dado comienzo este jueves a la vistilla en la que estudiará si mantiene en libertad o envía a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos a la espera de juicio por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.
Quien también fuese exsecretario de Organización socialista ha llegado al alto tribunal pasadas las nueve de la mañana, con una mochila y sin hacer declaraciones a los periodistas apostados en la puerta del Supremo.
Ábalos está citado a las 10:00 horas, dos horas y media antes que su exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Los dos conocerán este jueves si continúan en libertad con medidas cautelares o si entran en prisión provisional.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que coordina el PP solicitaron la celebración de una vistilla ante las elevadas peticiones de cárcel que reclaman para ellos en la parte de la causa relativa a presuntas comisiones por contratos de mascarillas en pandemia.
A la espera de conocer lo que solicita el fiscal, que pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo García, las acusaciones populares -que elevan su petición a 30 años- sí avanzaron que interesaban prisión preventiva para ambos.
Sus comparecencias llegan precedidas de varios mensajes en redes de Ábalos que podrían interpretarse como avisos al Gobierno, un aparente movimiento en el que ha aludido a una presunta reunión -en la que previamente puso el foco Koldo García- entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Arnaldo Otegi, en 2018, para pactar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
En paralelo a las vistillas, al otro lado de la plaza Villa de París, en el centro de Madrid, el empresario y presunto corruptor Víctor de Aldama, comparece en la Audiencia Nacional para declarar sobre el informe policial sobre las gestiones del exasesor con el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, para la compra de mascarillas.
Para Aldama, investigado también junto a Ábalos y Koldo García en el Supremo, las acusaciones no han solicitado vistilla de cautelares y piden para él siete años de cárcel con atenuantes como confesión.
Este empresario está asimismo investigado en la Audiencia Nacional por una tercera causa, relativa a un fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos, del que salió de prisión preventiva tras prometer colaborar con la Fiscalía. EFE
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