El fiscal general reitera que borra sistemáticamente su móvil por seguridad: "No son datos míos, solo soy custodio"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que la información investigada relacionada con presunta revelación de secretos ya no se hallaba en su teléfono móvil cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo un análisis sobre el dispositivo, porque los mensajes interesados en la causa judicial habrían sido eliminados meses antes. Según detalló El Mundo, García Ortiz explicó que no conserva mensajes de WhatsApp en su dispositivo durante más de un mes, como parte de un protocolo que aplica de forma habitual para proteger los datos de terceros y evitar riesgos en caso de robo, extravío o ataque informático.

El medio El Mundo publicó que García Ortiz, en su declaración ante el Tribunal Supremo, subrayó que el borrado frecuente de mensajes responde a directrices de seguridad. Argumentó que no actúa como dueño de la información, sino como “custodio”, dado que los datos contenidos en sus chats pueden involucrar a otras personas. Durante la vista oral, que se extendió alrededor de una hora y media, el fiscal general fue interrogado sobre el procedimiento que sigue con sus dispositivos electrónicos y sobre sus motivos para eliminar información de manera sistemática.

García Ortiz enfrenta un proceso por supuesta revelación de secretos en la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Los cargos contemplan una posible condena de hasta seis años de prisión, doce años de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros. Según El Mundo, el instructor del Tribunal Supremo consideró relevante la práctica de eliminación de mensajes para determinar la eventual responsabilidad penal del fiscal general.

Al explicar los procedimientos que sigue para gestionar sus dispositivos, García Ortiz relató que él mismo se encarga del borrado de los datos y que realiza un cambio de teléfono móvil aproximadamente una vez al año. Explicó que esta costumbre se consolidó cuando, al incorporarse a la Secretaría Técnica de la Fiscalía, recibió un teléfono perteneciente a un alto cargo anterior y supo que aquellos dispositivos no recuperados quedaban almacenados antes de ser reciclados. Desde entonces, decidió encargarse personalmente de la gestión y eliminación de los datos de sus móviles. El Mundo precisó que el fiscal general aseguró que no devuelve sus teléfonos antiguos y que recurre a ayuda técnica para realizar el borrado mediante el restablecimiento de valores de fábrica y la eliminación de los certificados de seguridad.

Según El Mundo, García Ortiz expuso que la decisión de cambiar de dispositivo en torno al 23 de octubre de 2024, apenas una semana después de la apertura formal de la causa en el Supremo, respondió a que ya iba postergando el reemplazo desde al menos el mes de mayo debido a una rotura en la pantalla y a su dificultad para desprenderse de un terminal viejo. Sostuvo que realizó la operación en presencia de técnicos y después de regresar de un viaje.

Acerca del uso de su cuenta personal de Gmail, García Ortiz declaró, en referencia a la recepción de correos electrónicos vinculados a la defensa de González Amador y al fiscal del caso Julián Salto, que optó por dicho canal por ser “el medio más sencillo y el que tengo en casa”. Según relató, cuando la UCO realizó un registro en su despacho el 30 de octubre de 2024, la cuenta permanecía abierta y él facilitó las contraseñas a los agentes. Conservaría la cuenta hasta que la exposición pública de los hechos, a raíz de un informe de la Guardia Civil difundido el 27 de noviembre, comenzó a causarle problemas y le llevó a recibir mensajes amenazantes.

El medio El Mundo reportó que durante la audiencia del tribunal se exhibieron algunos de estos correos electrónicos, definidos como hostiles por la defensa, en los que se le espetaba frases como “eres un sinvergüenza al servicio del Gobierno” o “delincuente”. El fiscal general indicó que tomó la decisión de cerrar la cuenta en diciembre de ese año, dos meses después del registro, atribuyendo esa medida exclusivamente a la recepción de comunicaciones intimidatorias.

En relación al supuesto borrado de mensajes justo después de ser encausado, García Ortiz manifestó que no tenía constancia de que ese proceso se hubiese producido en el momento exacto señalado por la UCO, en octubre de 2024, y reiteró que los mensajes claves para la investigación ya habrían sido eliminados con anterioridad. Sostuvo, según recogió El Mundo, que no existía en ese tiempo ni en los meses anteriores ningún mensaje relevante para la causa y que, por lo tanto, no habría podido aportar dicha información a las diligencias en curso.

A preguntas de su defensa, el fiscal general afirmó que comprendía la trascendencia de la protección de datos personales y de la información profesional, dado el volumen –que calificó de “muy relevante y muy copioso”– que debe manejar en el ejercicio de su cargo. Relató la dificultad que implica para la Fiscalía mantener un cumplimiento estricto de las normas sobre privacidad digital, dada la obligación de los fiscales de informarle sobre asuntos sensibles, tanto secretos como no secretos.

García Ortiz argumentó ante el tribunal, según lo publicado por El Mundo, que la eliminación periódica de información constituye una medida imprescindible para salvaguardar la privacidad de terceros en caso de pérdida o sustracción de dispositivos. Aludió de forma específica al riesgo de que su teléfono pudiese terminar en manos ajenas si lo olvida, se lo roban o lo atacan informáticamente.

El fiscal general manifestó que no existió ninguna voluntad de ocultar pruebas o datos relevantes para la investigación judicial y aseguró que colaboró con la UCO facilitando todo el material que tenía a disposición cuando se lo requirieron. Insistió en que su conducta responde a prácticas habituales de ciberseguridad y al ejercicio responsable del cargo.