El Juzgado admite a trámite la querella de PACMA contra el Gobierno cántabro por las extracciones de lobos

El auto judicial emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander solicita al Gobierno de Cantabria la presentación del expediente administrativo completo vinculado a la resolución del 2 de abril de 2025, en la que se estableció el cupo de extracción de lobos en la región. Este requerimiento, que incluye también un informe detallado respecto a cada uno de los documentos técnicos contenidos en dicho expediente, marca una nueva etapa en la gestión y supervisión de las autorizaciones para el control poblacional del lobo ibérico en España. Según informó el medio que publicó la resolución, el Partido Animalista PACMA había presentado una querella criminal contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ejecutivo cántabro, María Jesús Susinos, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, alegando presuntos delitos relacionados con autorizaciones y documentación de estas extracciones.

De acuerdo con el auto al que tuvo acceso PACMA y que fue difundido por el mismo partido, el Juzgado decidió admitir a trámite la querella y abrió diligencias previas. Se ha citado a Susinos y Serdio para declarar como investigados el 12 de noviembre, por los delitos de falsedad documental y maltrato animal agravado por muerte, en relación con las actuaciones administrativas que permitieron la extracción de ejemplares de lobo ibérico en Cantabria. Según detalló PACMA, la decisión judicial admite recursos de reforma o apelación, pero representa el primer pronunciamiento de un tribunal que abre diligencias penales sobre la gestión de los controles poblacionales del lobo en España, otorgando un carácter penal inédito a un asunto que hasta ahora se había tramitado en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tal como consignó PACMA, los acusados enfrentarán por primera vez una causa penal vinculada al establecimiento de cupos de extracción del lobo ibérico aprobados por la autoridad autonómica. Hasta el momento, los recursos judiciales contra estas prácticas se circunscribían al ámbito administrativo, sin consecuencias penales directas para los responsables. El Partido Animalista sostiene que este avance judicial constituye un hecho sin precedente en la protección de la especie, pues los responsables políticos tendrán que responder judicialmente por las decisiones relativas al control de la población de lobos.

Las acusaciones de PACMA incluyen la autorización de la muerte de ejemplares de lobo a pesar de la existencia de informes oficiales, remitidos por España a la Comisión Europea, que advierten sobre el estado de conservación desfavorable o inadecuado de la especie. Estas evidencias, según el partido querellante, podrían invalidar cualquier permiso de caza o extracción, al resultar contrarios a la legalidad en materia de protección de especies. Igualmente, la querella denuncia la presunta falsificación y manipulación de informes técnicos con la finalidad de justificar las batidas, según publicó PACMA.

El medio recogió también la preocupación expresada por el Partido Animalista respecto a la dinámica de los tribunales contencioso-administrativos, que deniegan medidas cautelares fundándose en informes elaborados por la propia administración denunciada. Según PACMA, este procedimiento elimina un control judicial efectivo acerca de la legitimidad y veracidad de los informes, lo que supone el riesgo de consolidar decisiones administrativas presuntamente delictivas y dejar desprotegido tanto el patrimonio natural como especies específicamente protegidas, entre ellas el lobo ibérico.

Según reportó el partido, la expectativa es que la decisión del Juzgado de Santander siente un precedente judicial trasladable al resto de comunidades autónomas que han autorizado extracciones y batidas de lobos amparándose en argumentos económicos o en intereses ganaderos y cinegéticos. PACMA interpreta la apertura de la vía penal como un cambio relevante en la manera en que la administración y la justicia abordan la gestión de la especie.

La citación de los altos cargos del Gobierno de Cantabria a declarar por estos hechos abre una investigación que el partido animalista considera histórica, pues nunca antes se había sometido la gestión de las extracciones de lobo a debate penal, limitándose hasta ahora las controversias a los tribunales administrativos. Las medidas judiciales solicitadas incluyen el análisis exhaustivo de la documentación administrativa y técnica generada en torno a las resoluciones que autorizan el control poblacional, lo que permite un escrutinio específico sobre la legalidad y el fundamento de estos procedimientos.

PACMA, a través de comunicados recogidos por el medio, ha manifestado que la aceptación de su querella por parte del juzgado representa un avance esencial en la protección del lobo ibérico y en la apertura de una línea de responsabilidad penal para los gestores públicos que, a su juicio, permiten la muerte de ejemplares en un contexto de conservación comprometido. El partido subraya además la relevancia de la remisión de informes oficiales a la Comisión Europea que reconocen el mal estado de la población de lobo, un elemento central en sus alegatos, pues consideran que debería impedir cualquier extracción legal.

La instrucción judicial incluye además la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria recurra el auto a través de un recurso de reforma o de apelación ante la instancia pertinente, tal como prevé la ley. Según enfatiza el contenido divulgado por PACMA y citado por el medio, la resolución podría influir de manera significativa en las políticas administrativas relacionadas con el control de la fauna silvestre y la gestión de especies protegidas en España.