Sumar respalda que los fiscales dirijan la investigación porque cree que "agilizará" los procesos penales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha manifestado que la reforma para otorgar a la Fiscalía la dirección de la instrucción penal se alinea con los modelos europeos y responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la justicia. Según detalló Europa Press, Bustinduy enfatizó la importancia de que el sistema judicial español avance hacia esquemas que ya operan en otros países de Europa, donde las investigaciones penales están bajo la responsabilidad del Ministerio Fiscal y no de los jueces. De acuerdo con el ministro, esta propuesta cuenta con un respaldo considerable en el seno del Ejecutivo.

Durante una entrevista concedida a TVE y recogida por Europa Press, Bustinduy expuso que Sumar respalda el traspaso de funciones a la Fiscalía debido a que permitiría agilizar los procedimientos penales. El titular de Derechos Sociales precisó que las demoras en las causas judiciales constituyen uno de los principales desafíos del sistema de justicia, por lo que consideró que esta modificación jurídica podría optimizar los tiempos y mejorar el acceso de la ciudadanía a una resolución más rápida. En palabras de Bustinduy, "todo lo que vaya en el sentido tanto de agilizar los tiempos de la justicia como de profundizar en la democratización del sistema judicial" resulta bienvenido.

El ministro explicó que la aprobación de la reforma está prevista por el Consejo de Ministros en la jornada siguiente a la entrevista. Aseguró, según Europa Press, que la iniciativa obtiene un “consenso bastante amplio” dentro del Gobierno, puesto que la medida responde a una demanda compartida de modernización del marco judicial. Bustinduy argumentó que adaptar el modelo español al de otros países europeos aportará mayor celeridad y actualización en la tramitación de las causas.

La reforma consiste en que la investigación penal pase a ser liderada por los fiscales, desplazando a los jueces de dicha función, estructura que predomina en sistemas judiciales europeos de referencia. A juicio de Bustinduy, citado por Europa Press, el objetivo central radica en conferir mayor eficiencia a la instrucción de los casos y garantizar una administración de justicia acorde a las demandas actuales. La medida, sostuvo, se inscribe en las políticas de modernización y democratización institucional que promueve el Gobierno.

Bustinduy indicó que el calendario para la entrada en vigor de la nueva normativa apunta al año 2027; una fecha que mencionó de manera tentativa, reservándose confirmarla hasta el pronunciamiento del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, en la sesión del Consejo de Ministros. Según recogió Europa Press, el titular de Derechos Sociales confirmó que espera obtener información precisa sobre los plazos durante esa comparecencia.

Por otra parte, el medio Europa Press consignó que, desde la perspectiva de Sumar, la iniciativa permitirá ‘ponerse a la par’ con los sistemas del continente que ya ejecutan la instrucción penal a través de la Fiscalía. Bustinduy defendió que esas prácticas internacionales han demostrado mayores niveles de agilidad procesal, lo que contribuye a un servicio judicial más ordenado y equitativo para los ciudadanos.

Europa Press también informó que la propuesta se presenta como parte de un conjunto de reformas que el Ejecutivo busca impulsar para actualizar las bases legales y procesales en España, promoviendo así una mayor eficiencia institucional y ajustando la actuación judicial a los parámetros mayoritariamente adoptados en los países miembros de la Unión Europea.

A lo largo de la entrevista, Bustinduy reiteró el respaldo de Sumar a la reforma, subrayando su convicción de que la transferencia de la fase de instrucción a los fiscales supondrá un avance significativo en términos de acceso, rapidez y transparencia en el sistema judicial. Expresó además su esperanza en que la medida reciba apoyo mayoritario en el Parlamento, ya que responde a demandas históricas de modernización y democratización de la justicia.