Esquerra Republicana defenderá el próximo miércoles en la Comisión de Interior del Congreso una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno a regular el uso del software espía en España y proteger los derechos fundamentales para evitar casos de espionaje como los ocurridos con el programa 'Pegasus', que afectaron a políticos independentistas, abogados y periodistas.
ERC recuerda que el software israelí 'Pegasus' se usó en móviles de 65 dirigentes separatistas entre 2017 y 2020, según un informe de Citizen Lab. La comisión de investigación del Congreso sobre la llamada 'Operación Cataluña' también tiene previsto analizar este caso, que ocurrió ya con el gobierno de Pedro Sánchez.
Lo que piden los de Oriol Junqueras es la aprobación de una legislación específica que limite el uso del software espía a casos de criminalidad grave o amenazas a la seguridad nacional, siempre bajo autorización judicial previa y con revisión periódica de su necesidad. Además, reclama que se prohíba su utilización contra determinadas categorías de personas --como periodistas, abogados, defensores de derechos humanos o representantes políticos-- salvo en casos excepcionales y debidamente justificados.
ORGANISMO INDEPENDIENTE DE SUPERVISIÓN
La proposición, recogida por Europa Press, incluye también la creación de un organismo independiente de supervisión, la obligación de publicar informes periódicos sobre el uso e impacto de estas herramientas, la notificación a los afectados una vez finalizadas las investigaciones y la destrucción inmediata de la información no pertinente obtenida mediante estos sistemas. Asimismo, plantea regular la exportación y comercialización de este tipo de tecnologías para evitar su venta a regímenes autoritarios y fomentar estándares internacionales de control.
El texto, que cita expresamente el caso 'Pegasus' y el conocido como 'Catalangate', subraya que el uso de 'spyware' ha supuesto "graves vulneraciones del derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la participación democrática", y denuncia que las investigaciones evidenciaron "la falta de garantías jurídico-procesales y de mecanismos de control adecuados".
"PONE EN RIESGO LA DEMOCRACIA"
Según la exposición de motivos, el uso indebido de software espía "pone en riesgo la democracia y el Estado de derecho", tal como advirtió la Comisión de Venecia, que recomienda establecer garantías de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Por ello, la PNL concluye instando al Gobierno a impulsar un debate parlamentario y social sobre el impacto del software espía en los derechos fundamentales y a comunicar la adopción de estos compromisos a la Comisión de Venecia, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
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