
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que cuestiona la modificación destinada a reducir la protección de los terrenos en la Serra do Careón donde se proyectaba la planta de la empresa portuguesa Altri, ha situado nuevamente a la Xunta en el centro del debate político. De acuerdo con el medio Europa Press, este tema ha llevado a los grupos de la oposición a exigir explicaciones públicas, señalando la necesidad de esclarecer qué informes técnicos sustentaron la desprotección de la zona y en qué momento se tomó la decisión definitiva, todo ello relacionado con el desarrollo industrial en el municipio lucense de Palas de Rei.
Según publicó Europa Press, el pleno del Parlamento de Galicia incluirá la próxima semana, como primer punto de la agenda, el debate sobre la petición del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de crear una comisión de investigación parlamentaria para analizar el proceso que rodeó la tramitación del proyecto de Altri. Esta solicitud surge tras el fallo judicial que ha puesto en duda la legalidad de la modificación urbanística aprobada por los organismos de la Xunta para facilitar la implantación de la factoría. Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, detalló en rueda de prensa que la intención del grupo nacionalista es dilucidar el papel jugado por la Xunta en todo el proceso y determinar diferentes responsabilidades políticas y administrativas. Según consignó el medio, Rodil explicó que es prioritario conocer qué informes técnicos justificaron la alteración de la protección de la Serra do Careón y si este cambio se produjo antes o después de que el Partido Popular (PP) impulsara acuerdos con Altri a través de la sociedad pública Impulsa Galicia.
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El BNG sostuvo que la Xunta debe proporcionar muchas explicaciones sobre un proceso que, en palabras de sus representantes, situó la normativa y el territorio gallego “al servicio de una multinacional portuguesa”, e insinuó la existencia de acuerdos poco transparentes. De acuerdo con Europa Press, los nacionalistas han insistido en investigar si la decisión de desclasificar la zona de protección ambiental respondió a contrapartidas acordadas con la empresa lusa.
En paralelo, el Partido Popular de Galicia (PPdeG), que cuenta con mayoría en la Cámara autonómica, manifestó su rechazo a la constitución de la comisión. Según reportó Europa Press, el portavoz popular, Alberto Pazos, afirmó que su grupo parlamentario intentará frenar una iniciativa que, en sus propias palabras, responde a “intereses espurios” promovidos por la oposición. Pazos argumentó que si el PPdeG aceptara todas las propuestas de comisiones de investigación de los grupos opositores, estas ocuparían la mayor parte de la actividad parlamentaria. “Los gallegos esperan de nosotros que debatamos cuestiones que les afectan directamente”, indicó el portavoz, reiterando su postura de recurrir al “sentido común” para impedir lo que considera una ‘deriva perjudicial’.
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El portavoz del PPdeG defendió, según Europa Press, la actuación de la Xunta en todas las fases del proyecto, subrayando que la administración actuó con total transparencia y conforme a la normativa vigente. Pazos sostuvo que “no tenemos nada que temer” y trasladó el debate a la oposición, exigiendo que expliquen por qué ahora rechazan un proyecto que anteriormente contaba con consenso para su protección.
Por otra parte, la viceportavoz del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), Elena Espinosa, recordó que los socialistas fueron los primeros en pedir una comisión de investigación sobre el proceso vinculado a Altri, aunque no lograron formalizar la solicitud debido a la falta de diputados necesarios para cumplir el reglamento parlamentario. Según detalló Europa Press, Espinosa reivindicó la necesidad de investigar todas las fases del proyecto Altri, desde los primeros trámites hasta la decisión de archivar finalmente la iniciativa de la planta en Palas de Rei. En su intervención, insistió en la exigencia de “responsabilidades” por parte de los organismos implicados.
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En el contexto del debate, Europa Press informó que el BNG también solicitó la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que explicara públicamente la decisión de modificar el estatus de protección de la zona de amortiguación de la Serra do Careón, requerimiento que fue rechazado por el PP. Pese a este veto, los nacionalistas han confirmado que presentarán una interpelación al Ejecutivo autonómico en el próximo pleno para que aclare “cómo se tomó la decisión ilegal de desproteger” el espacio y si esta decisión favoreció a la compañía portuguesa Altri.
El debate previsto para los días 10 y 11 de marzo se adelantó como uno de los puntos centrales de la sesión parlamentaria. Europa Press informó que la propuesta de comisión de investigación se situará en el primer lugar del orden del día, en un ambiente marcado por la confrontación entre las demandas de esclarecimiento de la oposición y la negativa de la mayoría parlamentaria popular a activar nuevas indagaciones. La discusión sobre la transparencia, la legalidad de las actuaciones administrativas y la gestión del territorio de la Serra do Careón plantea interrogantes sobre los procedimientos impulsados por la Xunta y sus vínculos con intereses empresariales, según han expresado tanto el BNG como el PSdeG.
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El proyecto de Altri, que la multinacional portuguesa planteaba instalar en Palas de Rei, fue objeto de debate político y social a raíz de las posibles repercusiones ambientales y los procedimientos administrativos seguidos para facilitar su desarrollo. El fallo del TSXG que impugnó la modificación urbanística cuestionó directamente la justificación técnica de la desprotección y su encaje en la normativa vigente. Según recopiló Europa Press, los argumentos judiciales han reactivado la demanda de mayor fiscalización pública y parlamentaria sobre el proceso y sus responsables.
La controversia en torno a la actuación del gobierno autonómico respecto al proyecto de Altri y la gestión de la protección territorial en la Serra do Careón se sitúa ahora en el primer plano de la agenda política gallega, con los grupos parlamentarios inmersos en una pugna sobre la necesidad y alcance de la investigación. Europa Press registró que el debate irá acompañado de distintas iniciativas de control e interpelaciones sobre las decisiones clave del expediente administrativo y las relaciones institucionales y empresariales que las rodearon.
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