Interior reitera que no interfiere en la UCO y que la plantilla creció un 61%: "Hay una apuesta decidida por reforzarla"

El Ministerio del Interior ha reiterado que no interfiere en las investigaciones que desarrollada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha cifrado en un 61,6% el aumento del número de efectivos desde 2018, lo que en su opinión "refleja una apuesta decidida por su refuerzo operativo" de esta unidad que actúa como policía judicial en investigaciones sobre presunta corrupción como el 'caso Koldo' o sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Desde junio de 2018, la UCO ha experimentado una evolución claramente positiva tanto en su estructura organizativa como en su dotación de personal", ha indicado el Gobierno remitiéndose a los datos de Interior, en respuesta a una batería de preguntas del PP en las que el principal partido de la oposición se interesaba por la razón por la que se había "denegado la petición de refuerzo de personal".

Según los datos de Interior, el catálogo de puestos de trabajo ha crecido un 35,7%, mientras que el número de efectivos lo ha hecho en un 61,6%. "Este crecimiento ha permitido mejorar notablemente el grado de cobertura, que ha pasado del 72,6% en 2008 al 96,04% en 2025, acercándose a niveles óptimos de ocupación", según la respuesta por escrito fechada el 23 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que bajo su gestión la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que "casi se había duplicado la plantilla" y también su presupuesto con una asignación de 580 plazas en catálogo. "Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino", dijo.

POSIBLE RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA UCO

Desde el PP se ha denunciado también en las últimas semanas el intento del Gobierno de "acallar" a la UCO con el cambio en su dirección, debido a que el coronel Rafael Yuste podría pasar a ser nombrado general tras participar en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil.

El PP ha preguntado, además, por el antecesor de Yuste al frente de la UCO, Alfonso López Malo, actual general jefe de Policía Judicial. En concreto, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quería saber por qué Interior elimina la antigüedad en la elección de los oficiales de la Guardia Civil y, específicamente, el "motivo del intento de traslado fuera de España del general Alfonso López Malo".

"Los mandos de la Guardia Civil tienen derecho a solicitar su promoción, ameritando para ello lo establecido en la normativa, y no son obligados a promocionar por el Gobierno ni por la Dirección General de la Guardia Civil", ha recordado a este respecto el Ejecutivo en otra respuesta al PP fechada el 24 de septiembre.

De esta forma, el Gobierno ha lamentado que el PP parta de "premisas falsas" al aludir a posibles interferencias por la promoción de mandos policiales para ocupar puestos de libre designación. "La UCO de la Guardia Civil actúa como policía judicial, siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones, y en las que el Gobierno no interfiere", ha apostillado.

RESOLUCIÓN PARA CUBRIR 150 VACANTES

El Gobierno se ha remitido a la resolución 04/2025 del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil en la que se convocó las XVII Pruebas de Selección para cubrir vacantes en la UCO para 150 aspirantes de las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias.

"Se trata de un proceso exigente que busca identificar a guardias civiles con las capacidades necesarias, quienes deberán superar pruebas psicotécnicas, de conocimientos y entrevistas personales, lo que pone de relieve el alto nivel de preparación y compromiso requerido", ha apostillado.

El Ejecutivo ha reiterado que la UCO es una unidad que presta servicios fundamentalmente de policía judicial, por lo que "sus investigaciones las dirigen las autoridades judiciales pertinentes, siendo estas las que solicitan en cada caso si necesitan más recursos humanos o materiales, así como de qué unidad policial especializada en su caso lo solicitan".

"El Gobierno de España no determina qué unidad policial se encarga de las investigaciones judiciales y lo único que hace es dotar de más efectivos y medios a todas las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en policía judicial específica", ha concluido.