El Congreso ha recordado este martes tanto al Senado como al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los plazos de enmiendas a las leyes procedentes de la Cámara Alta, como al resto de iniciativas, las decide la Mesa que preside la socialista Francina Armengol por mayoría.
Fue Feijóo quien hace una semana anunció que su grupo parlamentario instará a la Presidencia del Senado a que valore presentar un conflicto de atribuciones en el Congreso ante el Tribunal Constitucional por el bloqueo "sistemático" de leyes que la Cámara Alta ha aprobado. En concreto, 31 normas.
"El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno", denunció Feijóo, quien sostiene que se está produciendo una "perversión del sistema" y "un fraude" por "razones arbitrarias".
En este sentido, desde el Congreso remarcan que la facultad para decidir sobre las prórrogas de iniciativas legislativas las decide la Mesa de la Cámara Baja por mayoría, "como bien sabe" el PP y confirma el artículo 91.1 del Reglamento, según informaron fuentes parlamentarias.
DECIDE EL CONGRESO, NO EL SENADO
Así las cosas, el Congreso seguirá tratando las normas procedentes del Senado "como corresponda", y recalcan que ambas no son cámaras "al mismo nivel", pues la Constitución establece que es al Congreso quien, de modo ordinario, marca al Senado los plazos para aprobar proyectos de ley o proposiciones de ley que vienen de la Carrera de San Jerónimo, y no al revés.
En este punto, el Congreso recuerda que este año el Tribunal Constitucional anuló la reforma del Reglamento del Senado que aprobó el PP en noviembre de 2023 que perseguía retrasar la aprobación de la Ley de Amnistía. En concreto, los 'populares' pedían modificar el Reglamento para otorgar al Senado la facultad de decidir si tramitar o no con celeridad una proposición de ley sobre la que el Gobierno o el Congreso haya declarado su carácter de urgencia.
En su sentencia, el tribunal recordaba que el artículo 90.3 de la Constitución reduce los dos meses con los que cuenta el Senado para vetar o enmendar las iniciativas aprobadas por el Congreso a 20 días cuando el proyecto se declare urgente por el Gobierno o el Congreso.
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