La fundación del PP es la que recibe más subvenciones, la de Abascal gana en dinero privado y la del PSOE, en deudas

Las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos se repartieron 12,87 millones de euros en los años 2021 y 2022, con la Fundación Concordia y Libertad, del PP, como líder en subvenciones, la Disenso de Vox, que preside Santiago Abascal, como la que obtuvo más aportaciones privadas (casi todo del partido), y la Pablo Iglesias del PSOE, de nuevo en números rojos.

Así se recoge en el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, recogido por Europa Press, en el que se han analizado 28 fundaciones y otras ocho entidades vinculadas o dependientes de partidos políticos en el ejercicio 2021, y una fundación y una asociación menos en el ejercicio 2022.

En concreto, las fundaciones políticas recibieron 4,93 millones de euros de subvenciones públicas, 2,39 millones en 2021 y otros 2,53 millones en 2022. Destaca la Fundación Concordia y Libertad, que en estos dos años ha obtenido casi dos millones de euros por esta vía (1.976.009,64 euros). La FAES de José María Aznar ya no aparece en esta tabla porque se desvinculó del PP y prefirió funcionar independientemente.

Las principales subvenciones han sido distribuidas por los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, y el Tribunal aprovecha para recordar al Gobierno la conveniencia de exigir que las entidades que opten a estas ayudas estén debidamente inscritas en el registro del Ministerio del Interior.

Además, las fundaciones recibieron 7,93 millones en donaciones privadas y aportaciones de sus respectivas formaciones políticas, y ahí quien lidera es la Fundación Disenso de Santiago Abascal, que acapara más de cinco millones: 2,5 millones en 2021 y otros 2,59 millones en 2022, en su mayoría traspasos desde Vox.

BUENAS CIFRAS DE LA FUNDACIÓN DEL PNV

Destacan también las cifras de la Fundación Sabino Arana, del PNV, que en estos dos años ha obtenido 1,42 millones repartidos entre aportaciones y subvenciones públicas.

Por contra, el Tribunal concluye que hay siete fundaciones fiscalizadas con un patrimonio neto negativo al cierre de 2022, destacando por su importancia cuantitativa la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, con un 'agujero' de 2,25 millones de euros, pese a haber recibido 1,38 millones en aportaciones y subvenciones en los dos años fiscalizados

También aparece la Fundación Eduardo Obregón, del PRC de Miguel Angel Revilla, en su caso con unos 'números rojos' de 26.899 euros, y la Sociedad Fundación Elkartu, de Eusko Alkartasuna, que está en proceso de disolución con un saldo negativo de 709.162 euros.

En general, las fundaciones y entidades vinculadas a partidos pasan el examen del Tribunal de Cuentas, si bien se han visto algunos incumplimientos en cuanto a donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no existir cuentas abiertas exclusivamente para tal fin, o entregas en efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al fiscalizador.

Por ello, el Tribunal recomienda regular una cuantía mínima para que las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos políticos procedan a la notificación obligatoria de las donaciones que reciben de personas jurídicas.

TRES FUNDACIONES PRÓXIMAS A IU NO PRESENTAN CUENTAS

Por otro lado, el informe señala que no llegan a la veintena las entidades que presentaron sus cuentas en plazo. Además, el tribunal señala a tres fundaciones por no presentar sus cuentas anuales pese a estar obligadas a ello, lo que supone un incumplimiento legal: Por la Europa de los Ciudadanos, que ahora se llama Fundación de estudios Críticos (FEC) y que está vinculada a Izquierda Unida; el Instituto de Estudios Políticos, también próxima a IU en la Comunidad Valenciana; y la fundación Horacio Fernández Inguanzo, del Partido Comunista asturiano.

Además, se ha observado que doce y once fundaciones y asociaciones permanecían sin actividad en los años 2021 y 2022, respectivamente, estando algunas de ellas en proceso de disolución o extinción. Ante esta situación, el Tribunal pide a los patronatos de estas fundaciones que caminen hacia la disolución y avisa de que no se pueden quedar como meros tenedores de bienes inmuebles o para obtener recursos de los partidos de las que dependen.

Otro dato que denuncia el fiscalizador es que sólo una quincena de fundaciones están debidamente registradas en el Ministerio del Interior, pese a que lo establece la ley, por lo que emplaza al Gobierno a actualizar su registro.

Conforme a la ley, las fundaciones políticas también deben presentar una auditoría de sus cuentas anuales, pero más de una decena se saltan esa obligación, por lo que el Tribunal de Cuentas pude que se establezca un umbral de ingresos mínimo para cumplir con esa exigencia legal. Todas las auditorías presentadas son positivas.