El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio que entregue en un plazo de 10 días "todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria" la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el marco de la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.
En concreto, esta diligencia se enmarca en la rama de la causa en la que se investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora en Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez.
Este miércoles, la mujer del jefe del Ejecutivo ha explicado las funciones que desempeña su asesora desde llevar su agenda hasta acompañarla a actos oficiales, y ha señalado que ésta le hizo algún "favor" en ocasiones muy excepcionales, como enviar un correo a Reale sobre el patrocinio de la cátedra que codirigía en la Complutense. Álvarez, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Peinado ha reclamado los correos a la Complutense a petición de la acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír, que reclamaban los "más de cien correos electrónicos" a los que el exalto cargo de la UCM hizo referencia en su declaración como testigo en sede judicial.
Las acusaciones también solicitaron al juez que citara a Blanca de Juan, excoordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez, y a José María Torres, presidente de Conpymes y financiador de la mencionada cátedra. El instructor, sin embargo, ha rechazado fijar estas testificales "en este momento procesal".
Por su parte, en otra providencia a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, consta que el juez ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los documentos que presentó la Complutense respecto de los convenios de fundación de las cátedras extraordinarias creadas en la universidad, así como la documentación que aportaron varias empresas -como Google o Telefónica--, para su análisis.
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