La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este viernes que el Gobierno estará siempre con el "interés superior del menor" en casos como el de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que habrá de declarar como investigada por la supuesta sustracción de su hijo pequeño al no devolverlo al padre, el italiano Francesco Arcuri, tras el receso navideño.
A preguntas de los periodistas en un encuentro en la Euroárabe en Granada, Saiz ha detallado que el Ejecutivo central siempre va a estar "con la defensa absoluta del principio que impera" todas sus políticas, que es la del "interés superior del menor y, por supuesto, en el acompañamiento y en la contundencia contra cualquier atisbo de violencia de género", todo ello desde "el respeto máximo a los pronunciamientos judiciales".
Para Saiz, "es el papel del Gobierno de España velar por el interés superior del menor".
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha citado a declarar el próximo 30 de octubre como investigada a Juana Rivas después de que, el pasado 24 julio, la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial estimara parte del recurso planteado por Francesco Arcuri contra el archivo de una denuncia que presentó contra su expareja y madre de sus hijos por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores.
El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado.
La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre, un proceso en el marco del cual hay señalada una vista para el próximo 18 de septiembre en Italia.
En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.
Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
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