La Fiscalía Anticorrupción considera que la ley de amnistía al 'procés' supuso una excepción a la "siempre deseable estabilidad" del Código Penal, que tuvo que ser reformado para poder perdonar los hechos del proceso independentista catalán.
De esa forma hace referencia Anticorrupción a la amnistía en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2024, recogida por Europa Press.
"Es de agradecer especialmente que el Código Penal mantenga una siempre deseable estabilidad y se haya visto libre de nuevas reformas, salvo la operada en el apartado 1 del artículo 130 en virtud de la LO 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña", expresa.
Y es que para que fuera posible esa ley hubo que modificar ese artículo para "incluir expresamente" en el Código Penal "la amnistía como un supuesto de extinción de responsabilidad criminal".
Anticorrupción entiende, aun así, que no hubo durante el año pasado "novedades legislativas singularmente relevantes ni en aspectos sustantivos ni procesales".
RETRASOS "INASUMIBLES"
Por otra parte, la Fiscalía especial que dirige Alejandro Luzón avisa de la "demora que sufren durante su fase de investigación e instrucción" los procedimientos en los que participa, "lo que es una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia".
Señala entre los motivos de esos retrasos el volumen de investigados, perjudicados y acciones populares, los aforamientos y "otros privilegios procesales", la necesidad de elaborar complejas periciales económicas o las "estrategias dilatorias" de los imputados, que "encuentran terreno abonado al amparo de un sistema de recursos sobredimensionado".
"Todo ello provoca consecuencias indeseables, entre otras, dotar a los investigados de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito, la prescripción, la casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, la exposición pública de los investigados, sometidos a frecuentes juicios paralelos que dañan su presunción de inocencia y, sobre todo, la general insatisfacción de los ciudadanos ante una respuesta penal lenta e insuficiente", advierte.
El Ministerio Público lamenta el tiempo "verdaderamente inasumible" que transcurre entre la presentación de su calificación provisional y el comienzo de los juicios por, entre otras razones, la falta de magistrados, salas de audiencia del tamaño adecuado o la preferencia por adelantar procedimientos con preso o de menor complejidad.
Añade que cuando los juicios acaban celebrándose, los hechos están "prácticamente olvidados por todos" y la práctica de la prueba "se diluye o distorsiona, por lo que "el resultado, ya sea finalmente la sentencia condenatoria o absolutoria, nunca es satisfactorio".
RECLAMA MÁS MEDIOS
Por ello, Anticorrupción vuelve a pedir, como en años anteriores, que se creen nuevas unidades de apoyo en materias como las contables y financieras, que "han ganado importancia cuantitativa y cualitativa".
Y además de la "imprescindible mejora" en la dotación de medios a los tribunales, Luzón plantea la puesta en marcha de órganos de instrucción, que "podría contribuir a mejorar la eficacia en la investigación y represión de la delincuencia económica organizada, relacionada o no con la corrupción".
"Pero hasta la fecha no se ha llevado al Parlamento proyecto alguno en la dirección de crear un órgano especializado en la fase de enjuiciamiento (en la investigación debería serlo el Ministerio Fiscal, como ya se ha repetido tantas veces) de unas conductas que se investigan en procedimientos de extraordinaria complejidad y trascendencia política, económica y social", lamenta.
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