Un trabajador pide un aumento y su empresa le cita para su despido: el abogado denuncia prácticas irregulares y potencialmente ilegales

Un empleado de un gran grupo empresarial en Francia se vio envuelto en un conflicto laboral que planteaba serias dudas sobre los límites de las negociaciones salariales y los derechos de los trabajadores. Conocido en Reddit bajo el pseudónimo LowerMeasurement31, este trabajador explicó en la red social que recibió un correo electrónico inesperado de su empresa, en el que le convocaban a una “entrevista previa que podía llegar al despido” tras haber solicitado un aumento de sueldo.

Todo empezó a raíz de la salida de uno de sus compañeros. La dirección del grupo le propuso una “evolución de perímetro”, es decir, asumir la totalidad de las funciones que habían quedado vacantes. Según relata el propio empleado, esto supondría “duplicar su carga de trabajo”. En un principio, aceptó la propuesta, pero con la condición de que ese cambio incluyera un aumento salarial que compensara la ampliación de responsabilidades. Como llevaba cuatro años en la compañía, y su historial tenía “solo evaluaciones positivas”, consideraba que su petición era legítima.

Pero la respuesta de la empresa no fue inmediata ni concreta. La dirección se limitó a ofrecer la vaga promesa de estudiar la revalorización salarial un año después, durante un supuesto periodo en el que el empleado debía “demostrar su valía”. Sin embargo, antes de que el trabajador firmara cualquier acuerdo, la empresa anunció públicamente su nuevo puesto, como si la decisión ya estuviera tomada. Ante esta situación, el trabajador confirmó por escrito su negativa a aceptar las nuevas funciones sin la correspondiente mejora salarial. Poco después, le citaron a la entrevista disciplinaria.

Decir ‘no’ no es una falta: el derecho a negociar el salario y las condiciones de trabajo

Lo que la empresa le reprochó no fue un fallo concreto en su trabajo, sino su actitud. “Por medio del CSE (que me asiste), supe que se me reprochaba mi postura. En resumen, haberme atrevido a decir ‘no’ y no haberme dejado hacer”, según escribió el empleado en su relato. En este caso, el CSE es un organismo galo que representa a los empleados del país, por lo que el empleado contaba con su respaldo ante cualquier conflicto con su compañía.

El abogado laboralista Roman Guichard, miembro del colectivo Rhizome y consultado por Le Figaro, considera que este caso es especialmente problemático. “La negociación salarial, en sí misma, no puede ser reprochada a un asalariado. En Francia, la remuneración se basa en un acuerdo de mutuo consentimiento”, recuerda. En otras palabras, pedir un aumento nunca constituye una falta.

Para Guichard, el núcleo del conflicto reside en la modificación unilateral de las condiciones de trabajo. “Duplicar la carga de trabajo afecta a un elemento esencial del contrato. Ya no estamos solo ante un ajuste de las condiciones, sino muy cerca, o incluso claramente, de una modificación del contrato de trabajo, que requiere el acuerdo del asalariado”, explica. Negarse a aceptar estos cambios, por tanto, no es insubordinación, sino el ejercicio de un derecho reconocido legalmente.

Cambios sin firmar, pruebas documentales y una práctica empresarial extendida

El abogado también cuestiona el método empleado por la empresa. Anunciar un cambio de puesto sin un anexo contractual firmado no equivale a consentimiento. “El hecho de poner en marcha una modificación contractual no prueba que el asalariado la haya aceptado”, subraya, comparando la situación con cambios en horarios laborales no acordados previamente. Sobre la propuesta de un período de prueba de un año antes de cualquier aumento, Guichard es categórico: “Un año es demasiado largo para un período probatorio”.

El empleado asegura que posee pruebas “contundentes” en su favor: una cronología detallada de los acontecimientos, los anuncios internos sobre su “nuevo puesto” y todos los correos electrónicos intercambiados con la dirección. Según el abogado, “la postura no es un motivo de despido. Despedir a alguien por haber ejercido sus derechos expone a la empresa a un despido sin causa real y seria, o incluso nulo”.

Más allá del caso individual, Guichard señala que este episodio refleja una dinámica habitual en muchas empresas. “Así es como funcionan muchas organizaciones: una presión que baja por la cadena jerárquica. El período probatorio a veces sirve para retrasar o evitar un aumento”, observa. Este caso pone de manifiesto la necesidad de claridad en las negociaciones laborales y el respeto a los derechos de los trabajadores, recordando que la presión jerárquica no puede sustituir al consenso contractual.