La consultora Deloitte se ha desmarcado del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida, trasladando al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que no participó ni en su creación ni en su mantenimiento.
A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía contesta así al requerimiento del juez sobre "los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense".
Deloitte indica a Peinado que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió Gómez "tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto".
Tras recalcar que esa oficina de proyecto fue creada y estaba en funcionamiento "antes" de que ellos iniciaran su trabajo, incide en que "había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un 'software' con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva".
Y "en la ejecución de la labor de soporte y asesoría a la oficina de proyecto, Deloitte Consulting nunca tuvo acceso directo al 'software' y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo, no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del software de referencia", señala en el escrito.
El juez impulsó ese requerimiento a Deloitte porque las acusaciones populares de la causa pidieron una batería de diligencias "a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral".
La esposa de Sánchez, a la que el juez ha citado nuevamente a declarar, figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Todo ello en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa.
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