El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de una comisión interministerial, que estará liderada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que puso en marcha el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que este plan de lucha contra la corrupción recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.
En cualquier caso, la comisión interministerial liderada por la vicepresidenta primera "servirá para la coordinación política y técnica entre todos los ministerios" de las medidas contra la corrupción anunciadas por Sánchez en el Congreso, además de supervisar "las actuaciones de los distintos departamentos, así como para impulsar la elaboración de propuestas".
En este contexto, formarán parte de la comisión el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el titular de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Asimismo, habrá dos titulares de los Ministerios de Sumar: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. También participará el máximo representante de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una vez que ésta se haya constituido.
UNA AGENCIA PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN
El Gobierno ha detallado posteriormente, en las referencias del Consejo de Ministros, que con el plan estatal contra la corrupción, "pretende establecer una hoja de ruta clara que permita seguir avanzando hacia una Administración más íntegra y transparente". Fue el presidente del Gobierno quien anunció las principales iniciativas en la comparecencia del pasado 9 de julio por el estallido del 'caso Cerdán'.
Dicho plan estatal se divide en cinco ejes y contempla un total de quince medidas. El primero está dedicado a la "prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción para reducir su incidencia", donde el Gobierno quiere crear una Agencia Independiente de Integridad Pública, "como órgano central en la Administración General del Estado para la prevención, supervisión y persecución de la corrupción", que "tendrá facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave y articular mecanismos de protección para informantes".
Este primer eje del plan también pretende "extender la metodología de prevención del fraude aplicada en la adjudicación" de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; así como impulsar la Ley de Administración Abierta y fomentar "un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción". Así, se quiere, entre otras cuestiones, "realizar controles aleatorios del patrimonio de los altos cargos".
El Gobierno ha asegurado que usará la Big Data e inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público "para aumentar el control"; y se impulsará la aprobación de la conocida como 'Ley de lobbies'.
Por último, en este primer eje se contempla reforzar la vigilancia y aumentar la transparencia sobre la financiación y actividad de los partidos políticos. En este sentido, el plan propone la obligación de realizar auditorías externas e independientes para partidos y sus fundaciones "con financiación pública superior a 50.000 euros, así como la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros", en "el plazo de publicación a un mes desde su recepción".
AMPLIACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN
El Ejecutivo ha puesto el foco además en la "protección de los informantes de irregularidades o casos de corrupción" y ha anunciado, en este segundo eje del plan estatal, que fortalecerá la Ley 2/2023 para "una mayor protección de los denunciantes e incluir mejoras en los canales de alerta, así como protección del anonimato, garantías legales y sanciones contra represalias".
El eje 3 del plan estatal de lucha contra la corrupción quiere "investigar, juzgar y sancionar la corrupción ya detectada", por lo que se incluyen medidas como el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, "con más plazas y medios"; y del Poder Judicial, "a través de la creación de secciones especializadas en cada tribunal de instancia". Además, se otorgará carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos y se ampliarán los plazos de prescripción de los delitos.
También se establecerán mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, modificando el Código Penal "con más penas y nuevos delitos" contra la Administración, además de elevarse las sanciones. Asimismo, este eje incluye crear una 'blacklisting', que contempla "la inhabilitación para contratar, recibir subvenciones y gozar de beneficios fiscales o sociales para aquellas empresas condenadas en firme por corrupción".
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
El eje 4 del plan aprobado por el Consejo de Ministros ha detallado la "recuperación de los activos procedentes de actividades corruptas", mediante el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Además, se creará la figura del 'decomiso administrativo' o 'decomiso preventivo', "que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo vinculada al ámbito penal", según Moncloa.
Por último, el Ejecutivo quiere promover "una cultura anticorrupción, con programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de la corrupción dirigidos al empleado público; campañas sociales para fortalecer la concienciación anticorrupción; y la realización de encuestas anuales sobre percepción de la corrupción".
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