Ciudad de Panamá, 31 jul (EFECOM).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo este jueves que planea que el Estado conforme una asociación con los nuevos operadores de dos puertos situados a la entrada del Canal, que son gestionados por una filial de la hongkonesa CK Hutchison -que intenta venderlos- mediante un contrato ley que ha sido demandado ante el Supremo panameño por inconstitucional.
Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) son operados desde hace más de 25 años por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado honkonés, que intenta ceder la concesión como parte de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares, a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock.
Esta transacción ha sido frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
"No veo en este momento ni la subsistencia de ese contrato de Panama Ports, enmendado o no, ni la creación de un nuevo contrato-ley", declaró Mulino, tras señalar que la "idea" de su Administración es que se conforme una "asociación con el Estado, en función de un esquema que ya se verá, por la sencilla razón de que es mejor así".
El Estado panameño "tiene facultad en este tipo de temas de establecer asociaciones y es lo que procuraremos hacer en la medida de lo posible, y así se lo hemos transmitido a muchos de los jugadores importantes que tienen mucho interés en esto, y es natural, son dos puertos en el Canal de Panamá que no es poca cosa", agregó el jefe de Estado durante su conferencia de prensa semanal.
En medio del accidentado traspaso de la concesión de PPC al consorcio conformado por BlackRock, Terminal Investment Limited (TiL), el brazo portuario de la gigante Mediterranean Shipping Company (MSC) y Global Infrastructure Partners, han aparecido otros interesados en participar en la transacción global, como la gigante naviera china Cosco o la francesa CMA CGM, según reportes de la prensa especializada.
Mulino señaló que un tema es el proceso de cesión de los puertos por parte de CK Hutchison, "que está paralizado por lo que sabemos", y otro son las demandas contra el contrato ley de la concesión: "no tiene nada que ver una cosa con la otra", aseveró.
PPC maneja Balboa y Cristóbal, dos de los cinco puertos entorno al Canal, desde 1997, cuando se le otorgó una concesión por 25 años que se prorrogó en 2021 por igual período en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee el 10 % de las acciones en la empresa.
La Contraloría General demandó ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional el contrato-ley con PPC y también pidió la nulidad de la prórroga del mismo porque no se siguieron los trámites de rigor, como anunció el miércoles el contralor general, Anel Flores. EFECOM
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