El exasesor ministerial Koldo García ha pedido al juez de la Audiencia Nacional (AN) reclame a la Guardia Civil un informe en el que detalle si agentes realizaron consultas sobre él, su hermano o su expareja en bases de datos policiales de manera "prospectiva".
Así lo ha solicitado el que fuera colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción Número 2, al que ha tenido acceso Europa Press.
"Todo ello, a los efectos probatorios y de investigación que resulten pertinentes para la presente causa, con la finalidad de acreditar si ha existido o no una investigación de carácter prospectivo", sostiene.
La defensa del exasesor señala en el escrito que en un procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 "se han encontrado conversaciones de WhatsApp entre el Oficial del Grupo de Fuentes Humanas de la UCO señor Bonilla, a través del alias 'Roberto Alcázar', con su confidente y aliado el señor Caramés, preguntando sobre Koldo García".
Así, solicita al juez del 'caso Koldo' que acuerde librar oficio a la Dirección General de la Guardia Civil "a fin de que, por conducto de su Departamento de Asuntos Internos o del órgano funcionalmente competente, emita informe de auditoría detallado".
Un informe en el que pide que se reflejen las "fechas precisas" en las que "se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales bajo su gestión, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas, en relación con los datos concernientes a Koldo García, Joseba García y Patricia Uriz".
También pide que se indique "la identificación de los agentes" que realizaron esas visualizaciones o accesos y que la información abarque "la trazabilidad de los accesos relativos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos a los que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones".
Cabe recordar que la investigación del 'caso Koldo' está dividida entre el Tribunal Supremo, por el aforamiento del exministro Ábalos, y la Audiencia Nacional, que inició la instrucción por las comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia, con el exasesor como uno de los principales imputados.
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