La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado que comparezca como testigo en el juicio a la familia Pujol el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, al tiempo que ha aceptado las testificales del actual conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y de los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal que juzgará a partir del próximo noviembre al expresidente catalán y sus hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal se opone a la petición de la familia Pujol de que declaren como testigos "los funcionarios cuerpo de Policía Nacional Eugenio Pino Sánchez y otros".
"Porque lo que se pretende no es objeto de este procedimiento, limitado a la posesión de los fondos en Andorra y el desconocimiento de su origen, que la Fiscalía ha vinculado en su escrito de acusación a posible actividad de corrupción", razonan los magistrados.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo confirmó la condena a 1 año de cárcel a Pino por un delito de revelación de secretos por entregar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un 'pendrive' con datos personales y empresariales para la causa contra los Pujol.
La petición que sí les admite es que testifiquen Higinio Cierco y Roser Castellón, "dueños de la BPA", explicando que, "aunque no han declarado" en esta causa y se les propone respecto a "la obtención de la documentación bancaria de las cuentas de la familia Pujol que dio lugar a la primera comisión rogatoria, se han de admitir a la vista del planteamiento como cuestión previa de la ilicitud de la prueba".
Además, la AN ha aprobado peticiones de otros acusados para que testifiquen el conseller Espadaler, que con Pujol fue responsable de Medio Ambiente, y Victoria Álvarez, expareja del hijo mayor.
SEIS MESES DE JUICIO
La AN ha fijado entre los meses de noviembre de 2025 y abril de 2026 el juicio contra el que fuera presidente catalán y sus hijos, para el que ha señalado un total de 51 sesiones repartidas a lo largo de seis meses.
El juez instructor Santiago Pedraz les imputó presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública.
Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, el magistrado pidió al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que depositase 7,5 millones de euros y a su exmujer, otros 400.000 euros.
De esta forma, el instructor siguió los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el 'clan', pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su exmujer y otro hermano, Josep Pujol, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.
En el auto con el que puso fin a la instrucción, en el año 2020, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".
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