Desde la premisa de que al menos parte de las empresas citadas en dicho informe policial han resultado adjudicatarias de obra pública del Ejecutivo foral, se demanda la personación como acusación particular en tanto que el Gobierno de Navarra ha podido ser víctima de los hechos que se están enjuiciando, según señala el Ejecutivo en un comunicado.
En concreto, se apunta que "han podido producir daños para la hacienda foral por la comisión de actuaciones ilegales en licitaciones públicas".
La personación, en palabras de la presidenta, María Chivite, se lleva a cabo “en defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra”.
Esta iniciativa, remarca el Ejecutivo, está alineada con las tres auditorías ordenadas por la propia presidenta como “garantías adicionales” para una “transparencia reforzada”, aun sin constar ilegalidad en ninguna de las adjudicaciones del Gobierno de Navarra.
En la sesión extraordinaria, el Ejecutivo, añade, ha compartido un análisis de situación política, "redoblando el compromiso de desarrollar la acción de gobierno en los términos acordados en el proceso de investidura".
Con el objeto de erradicar "cualquier eventual sombra de duda sobre las adjudicaciones del Gobierno de Navarra", Chivite ya instó a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción el examen suplementario de sendas promociones de vivienda protegida en Egüés y Ripagaina, la reforma del Archivo de Navarra, la adecuación de oficinas en el Navarra Arena y la duplicación del túnel de Belate.
La misma solicitud se formuló al Parlamento de Navarra para su encargo a la Cámara de Comptos con la excepción del contrato de Belate, sobre el que el órgano fiscalizador ya emitió informe. Con posterioridad se ha incorporado a ese doble listado abierto la adjudicación del colegio público de Arbizu.
En lo que atañe a la auditoría externa también comprometida, en este momento se están analizando las fórmulas técnicas para proceder a su licitación a la mayor brevedad.EFE
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