Concentración este sábado en Sevilla contra el "desmantelamiento" de las políticas de memoria histórica

Coincidiendo con la fecha de esye sábado 14 de junio, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura; el movimiento memorialista de Sevilla ha convocado una concentración en la Plaza Nueva a las 11,00 horas para reclamar "que desde las instituciones andaluzas se desplieguen políticas que permitan mantener la memoria de las víctimas y avanzar en los objetivos memorialistas de verdad, justicia y reparación".

Al respecto, los activistas muestran su "absoluto rechazo al desmantelamiento de las políticas públicas de memoria, que paraliza las actuaciones emprendidas o proyectadas, incumple las leyes de memoria estatal y andaluza, reduce drásticamente las partidas memorialistas en el caso de la Junta o las deja en cero euros en el caso del Ayuntamiento de Sevilla", cuyo presupuesto municipal, acordado entre el Gobierno local del PP y Vox, carece de partidas para memoria histórica, extremo especialmente celebrado por Vox.

Los activistas han alertado de que el decaimiento de las políticas de memoria histórica ha coincidido con la llegada del PP a los ayuntamientos y la Junta de Andalucía; pesando el acuerdo entre el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense, para el proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento del Cementerio Municipal de San Fernando, donde según el historiador José Díaz Arriaza descansarían los restos de 7.440 personas, 2.616 de ellas posibles víctimas de la represión militar posterior al golpe de estado de 1936.

Los activistas acusan así al Gobierno local del popular José Luis San de una "desatención a las familias de víctimas de la represión franquista con el cierre de la Oficina de Memoria Histórica y la cancelación del dispositivo de recogida de muestras de ADN, la paralización intencionada de la iniciación de los trabajos para la exhumación de la fosa Monumento", pendientes de la firma del convenio específico de financiación; la "ralentización" del proyectado Centro de la Memoria de Ranilla, donde el Gobierno local asegura que hay "avances"; la "paralización" del Consejo Sectorial de Memoria Democrática, constituido a finales de 2024; "el abandono de los programas educativos y divulgativos de memoria, la negativa a depurar el callejero de nombres y simbología franquistas, la supresión de honores, recompensas y distinciones a franquistas, así como resaltar que la memoria democrática brilla por su ausencia en el presupuesto municipal".

En cuanto al Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, que acaba de esgrimor un millón de euros este año para la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; avisan de "drásticos recortes en las dotaciones económicas destinadas a los planes de memoria democrática, la enorme tardanza en la realización de los cotejos genéticos y la nula información así como la escasez de resultados positivos, la paralización de declaraciones de Lugares de Memoria, la falta del desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Andaluza", entre otros aspectos.

Mientras la Junta alega la exhumación de restos de 298 personas en 2024 y el análisis de 564 muestras de ADN de víctimas exhumadas y 516 muestras de ADN de familiares; los activistas alertan de que "PP y Vox están instalados en una posición ideológica netamente revisionista y de blanqueamiento de la dictadura franquista y por ello, se oponen frontalmente a las políticas públicas de memoria".

"Nos reafirmamos en reclamar el derecho de las familias a saber dónde están los restos de sus familiares, su derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia, al reconocimiento y reparación moral para todas las víctimas del franquismo, incluidas todas aquellas cuyos derechos fueron vulnerados después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, inmersos aún en las luchas que se dieron por la consolidación de la democracia, los derechos humanos y los valores democráticos", indican las asociaciones de memoria histórica.

El movimiento memorialista ha hecho así un "llamamiento amplio a toda la ciudadanía, con especial atención a la gente más joven, que no vivió aquellos años de represión pero en cuyas familias se esconden miles de torturas, represión y asesinatos impunes de abuelos y abuelas. Tenemos una deuda pendiente con la recuperación de la memoria de todas y todos. Lucharon por nuestra libertad, nos toca ahora seguir defendiéndola".