La jueza señala a Francisco Martínez como el "arquitecto de blindaje estructural" de la red de compraventa de datos

La jueza informa sobre la organización criminal liderada por Francisco Martínez, quien diseñó el blindaje legal para la compraventa de datos a través de ciberataques planificados y sostenidos

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La jueza de la Audiencia Nacional que investiga una presunta trama que robó y vendió datos de organismos públicos y privados considera que el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez es el "coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal" por la que también se investiga al 'hacker' José Luis Huertas 'Alcasec'.

Así se desprende del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que la magistrada María Tardón acordó este jueves el ingreso en prisión provisional de Martínez, quien "desempeñaría un rol central en la consolidación y sostenibilidad" de la trama que fue desarticulada tras la 'Operación Borraska'.

"Su función abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en especial a Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente", sostiene la instructora, que decidió enviarle a prisión ante el riesgo de destrucción de pruebas.

En la resolución, la magistrada destaca el "perfil profesional" de Martínez, "que combina conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política, debido a los cargos de dicha naturaleza desempeñados por él en el pasado".

Todo ello, añade, "lleva a inferir, a tenor del resultado de las investigaciones, que es él quien brindaría cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada, liderando también las acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública".

La Audiencia Nacional pone de manifiesto que uno "de los elementos clave de este entramado es su capacidad para almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos obtenidos ilícitamente, empleando plataformas tecnológicas especializadas en el análisis masivo de información".

La información con la que negociaban era "sustraída mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas y planificadas contra sistemas de organismos públicos y privados, ejecutadas de forma sostenida durante años".

UNA RED TRANSNACIONAL CON GRAN CAPACIDAD

La trama, según la jueza, habría "evolucionado desde un esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y con objetivos que trascienden el mero beneficio económico, alcanzando una dimensión de control y explotación masiva de información sensible".

La instructora pone el foco en la "continuada relación" que el exsecretario de Estado mantenía con 'Alcasec' desde al menos 2021, cuando este último fue detenido siendo menor de edad. Según la jueza, Martínez "le habría asesorado legal y fiscalmente en relación con la sociedad Horus Corp, en la cual Adrián Molina --otro de los investigados y vinculado al 'hacker'-- aparece como su administrador único".

"Estos vínculos refuerzan la inferencia de que Martínez conocería en profundidad el rol operativo y técnico de ambos dentro del entramado criminal", insiste la magistrada.

Martínez, en concreto, se habría hecho cargo de la "configuración legal y operativa, cumpliendo un rol central en el diseño de estructuras societarias que actuarían como fachadas legales de la actividad criminal".

"Estas sociedades, administradas formalmente por terceros como Molina, se estarían utilizando para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación simulada y aparentar una actividad económica lícita", apunta la jueza.

Esta arquitectura, continúa el auto, "permitiría desvincular formalmente" a 'Alcasec' de los beneficios generados por el entramado delictivo, reduciendo su exposición directa.

"Actividades que exceden ampliamente las funciones de la defensa técnica legal y evidencian su participación activa y consciente en las actividades propias del entramado criminal", apostilla.

A Martínez también "puede atribuirse la conducción de iniciativas orientadas a insertar a Huertas en entornos académicos y profesionales legítimos, a través de acuerdos con instituciones educativas, participación en programas de formación y actividades relacionadas con la ciberseguridad".

"Estas iniciativas estarían destinadas a conferir una apariencia de legalidad al entorno de Huertas, dificultando su aparente vinculación con actividades ilícitas y reforzando su perfil como profesional del sector tecnológico", añade la magistrada.

EL RELATO DE MARTÍNEZ ANTE LA JUEZA

Según fuentes consultadas por Europa Press, en su declaración ante la jueza tras ser detenido Martínez aseguró que únicamente trató de ayudar a 'Alcasec' tanto en calidad de abogado como a nivel personal, limitando su intervención a la constitución de las empresas con las que operaba el 'hacker'.

Así, se desvinculó de lo que hiciera con las mismas, subrayando que jamás se ha enriquecido con los datos a los que haya podido acceder.

Martínez relató que, hasta donde él sabía, 'Alcasec' estaba desarrollando un buscador que organiza con inteligencia artificial (IA) la información obtenida de fuentes abiertas en internet.

En el marco del asesoramiento legal que le prestó, Huertas le facilitó el acceso a ese buscador para que el exsecretario de Estado lo probara, indicó Martínez, aseverando que en sus búsquedas no apreció nada fuera de lo normal.

Sin embargo, la jueza sostiene que "las búsquedas realizadas por Martínez mediante su acceso directo al 'bot' automatizado desarrollado por la organización" estaban "orientadas a satisfacer sus propias necesidades de información", lo que le sitúa "como beneficiario y usuario consciente de los recursos ilícitos del entramado".

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