Madrid, 29 may (EFE).- La Audiencia Nacional estudiará la legalidad de la consulta pública del Gobierno sobre la opa del BBVA al Sabadell, tras admitir a trámite el recurso contencioso administrativo del despacho de abogados Statera Legal en el que solicita como medida cautelar que no se tengan en cuenta los datos obtenidos.
Según han informado fuentes jurídicas, la admisión a trámite llega después de que Statera requiriera el pasado 8 de mayo al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, descartar la consulta y sus resultados, al entender que se realizó sin cobertura legal y con defectos formales.
La falta de respuesta del Ejecutivo llevó a este mismo bufete, que no representa los intereses de ningún cliente, a la presentación del recurso por la vía contencioso administrativa, que en la práctica lo único que exige para la admisión a trámite es que el recurrente indique qué acto recurre, que lo aporte y que el procurador tenga los poderes y tengan autorización para recurrir.
Entre los motivos del recurso al que este jueves ha tenido acceso EFE, presentado el pasado 26 de mayo, el despacho destaca que la consulta es contraria al principio de igualdad y no discriminación, así como que el proceso de cumplimentación del formulario de la consulta está ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario.
Asimismo, el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, que no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico dado que no existe precepto habilitante para realizarla en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros.
Todo ello podría afectar al interés público ante la utilización de datos recabados "sin ningún rigor y respaldo jurídico", además de haber vulnerado en el proceso el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, indica el escrito.
De ahí la necesidad de impugnarlo en vía jurisdiccional y la suspensión cautelar de la utilización de los resultados de la consulta pública, añade el bufete.
La admisión a trámite suele dar a la otra parte un plazo de 10 días para que presente alegaciones al respecto. EFE
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