Madrid, 27 may (EFE).- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha planteado este martes la posibilidad de que el Tribunal Constitucional restrinja la capacidad de los gobiernos para prorrogar los presupuestos, llegando incluso a forzar elecciones si se encadenan varias prórrogas injustificadas.
El IEE ha presentado su informe de opinión 'La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado', en el que se carga contra la "anomalía democrática" de que continúen en vigor las cuentas 2023, una situación "incompatible con la separación de poderes", según su presidente, Íñigo Fernández de Mesa.
El documento apunta incluso que "no debería desestimarse la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional" para que establezca una jurisprudencia que concrete en qué casos pueden prorrogarse los presupuestos, lo que supondría establecer "criterios más estrictos sobre cuándo y cómo" hacerlo.
Este criterio podría llegar incluso a forzar elecciones generales si se producen varias prórrogas consecutivas "sin justificación", como sucede en otros países, y podría partir de "una especie de expediente prejudicial" presentado por los grupos políticos, según el profesor Juan José Rubio, uno de los autores del informe.
Fernández de Mesa ha explicado que la "anomalía democrática" de la prórroga presupuestaria se traduce en una falta de control por el Parlamento que es "incompatible con la separación de poderes", así como en una falta de planificación y ejecución de los recursos públicos, que no se pueden adaptar a "las necesidades cambiantes".
Desde el punto de vista económico, el gasto aumentará ese año -en 0,7 puntos de PIB respecto a 2023- por la presión de la remuneración de asalariados, las pensiones o el coste de la deuda, a pesar de que "el gasto en inversión va a mantener su atonía". El IEE ve necesario aumentar la inversión en al menos 7.000 millones anuales.
Sin embargo, este aumento del gasto no va a afectar al déficit público, ha apuntado Fernández de Mesa, ya que los ingresos seguirán creciendo, sobre todo por la aportación del IRPF, que continúa sin ajustarse a la inflación, y el impuesto de sociedades.
Para el profesor Juan José Rubio, la "anormal" prórroga de las cuentas de 2023 cuando "todo apunta a que no va a poder aprobar unos presupuestos para 2025" constituye una "flagrante violación" de la Constitución que tendrá consecuencias "profundas y duraderas".
Entre ellas, ha aludido a la dificultad para afrontar desde retos estructurales hasta gastos sobrevenidos, como los de defensa, o, desde el punto de vista político, problemas derivados del mantenimiento de objetivos presupuestarios ya desfasados o potenciales "fricciones" entre el Gobierno y el Parlamento por el "abuso" del real decreto ley.
En definitiva, la prórroga presupuestaria no solo restringe la capacidad de actuación del Gobierno, sino que genera una "incertidumbre económica" que puede afectar a la iniciativa privada y ralentizar el crecimiento, ha defendido Rubio. EFE
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